Cambio de gobierno en escenario convulso

Faltando solo 14 días para la fecha en que el Presidente de la República juramente en el Congreso, pronuncie su mensaje a la nación y presente a su primer gabinete ministerial, la polarización política persiste. Y también da señales de que seguirá en el ejercicio gubernamental, independientemente de lo que ocurra con la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones. 

A la incertidumbre en el terreno político, se añaden las preocupaciones inmediatas en el terreno económico. El tipo de cambio entre marzo y julio se ha incrementado en 7.7%,con un importante componente local, por las reducciones de capital en diversas empresas, la dolarización de esos fondos y su retiro del sistema financiero, práctica a la que se han sumado las personas naturales. 

Para agravar el cuadro, la inflación acumulada de 12 meses ascendió a 3.25%, excediendo la meta de 3.0% que ha sido nuestro referente tope máximo. A pesar de ello, el Banco Central de Reserva tiene expectativas de que en los próximos 12 meses la cifra no exceda el 2.6%. Este es un tema de naturaleza mundial, consecuencia de la recuperación de la economía pospandemia. Sin embargo, hay ciertos componentes locales que tienen que ser manejados con mucho cuidado.

Una variable muy sensible, que más allá del impacto inmediato en la inflación, genera expectativas negativas: el precio de los combustibles, en el que hay que distinguir los efectos del diésel y el gas licuado de petróleo (GLP); cada uno tiene su ámbito de influencia. Lo que ocurre en el mercado local está muy influenciado por el comportamiento internacional.

El diésel es el combustible líquido más consumido, y su precio impacta directamente en el transporte de carga e interprovincial de pasajeros. Tiene su correlato en alimentos y en las propias empresas que, por existir una sobreoferta de unidades, no pueden trasladar todo el incremento de precios a sus clientes. Este combustible representa el 31.4% del costo de operación por kilómetro de los transportistas. En plena campaña electoral se realizó un paro que preocupó a las autoridades; el inicio de un gobierno sin el manejo apropiado del tema puede llevar al inmovilismo nacional.

El caso del GLP merece atención. Tiene dos vertientes: el usuario que brinda el servicio de taxi y el consumidor doméstico. Este combustible se ha incrementado en 55%, este año. En el caso de los taxistas, cerca de 250,000 usuarios, involucra a un millón de hogares; la situación es dramática, no pueden trasladarlo al precio de su servicio, el exceso de oferta no lo permite. En los domicilios, va directamente a la economía familiar del 70% de los hogares del país que lo utilizan, generando un pánico de alza masiva de precios que genera expectativas inflacionarias.

La solución del problema del precio de los combustibles no es nada fácil en un mercado concentrado que se rige por oferta y demanda. Va a generar en el gobierno entrante una vocación de regularlos, para lo que tendría que modificarse la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que requiere 66 votos en el Congreso. De no alcanzarse, se va ir por el lado de Petroperú, para obligarlo a expender a precios de populismo político.

La petrolera estatal ya ha experimentado lo que significa las decisiones regulatorias, que devienen en pérdidas, con el agravante de que no solucionan el problema (porque solo puede abastecer el 50% de la demanda). En el segundo quinquenio de los años ochenta, las políticas de esta naturaleza llevaron a la empresa a pérdidas diarias de un millón de dólares. El peligro está latente.