Brasil: donde la izquierda no es blindada

Hace unos días el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue sentenciado nuevamente, por el caso Lava Jato, a 12 años y 11 meses de prisión. La justicia brasileña lo halló culpable luego de demostrar que una propiedad frecuentada por su familia fue remodelada por constructoras a cambio de que estas se beneficien con contratos con Petrobras, Odebrecht y OAS. Este es la segunda condena de Lula por el caso Lava Jato. Como sabemos, el líder socialista está purgando una condena de doce años por recibir de Odebrecht  un lujoso tríplex frente al mar, condena que le impidió participar en las últimas elecciones presidenciales de Brasil. En este contexto, la ejemplar justicia brasileña continuará procesando a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT), demostrando que en Brasil la izquierda no está blindada, como en otros países de la región.

Luego de padecer doce años de corrupción por parte del PT, en Brasil se respira justicia. La reciente sentencia sobre Lula Da Silva es un gran ejemplo de imparcialidad por parte de la justicia brasileña. Allí los líderes izquierdistas no gozan de privilegios porque ni los jueces ni los fiscales los blindan como sucede en nuestro país. En este panorama, a la encarcelación de  Lula se sumaría la de Dilma Rousseff y más de 15 miembros del PT. Según una denuncia de la Fiscalía, en doce años de socialismo este partido recibió más de US$ 400 millones en coimas.

Brasil fue víctima de la dupla conformada por Lula (2003-2011) y Rousseff (2011-2016). Ambos gobiernos socialistas  ocasionaron la última crisis de la segunda potencia de América. Al término del segundo mandato de Rousseff (destituida al año y medio por el Congreso), la deuda pública sobrepasó el 75% del PBI, los pobres aumentaron de 17 millones a 23 millones, como resultado del casi inexistente crecimiento. La labor extraordinaria de la justicia brasileña impidió la candidatura de Lula (favorito en las encuestas) en las elecciones del año pasado. De esta manera, indirectamente le puso fin a doce años de socialismo y corrupción, permitiendo la instauración de una derecha sólida al mando del nuevo presidente Jair Bolsonaro, uno de los pocos políticos que no están vinculados con Odebrecht.

Por el bien de los brasileños y latinoamericanos, el PT no debe resurgir, mucho menos con líderes tan comprometidos con la corrupción como Lula, Rousseff o Fernando Haddad, quien —según la Fiscalía—  habría recibido 2.6 millones de reales (unos US$ 702,702) en 2012 a cambio de licitaciones con una constructora vinculada a Odebrecht. El caso Lava Jato no solo perjudicó a Brasil, sino también a varios países de la región, entre ellos el Perú.

Esta segunda condena sobre Lula representa la esencia de la justicia: imparcial, sin privilegios de ningún tipo ni colores políticos. Si en nuestro país nuestros jueces y fiscales fueran tan imparciales como los brasileños, hoy Alejandro Toledo no se pasearía por los Estados Unidos, y el ex presidente Ollanta Humala y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán no gozarían de libertad. Ojalá no tengamos que esperar mucho para que cuando se hable de la lucha contra la corrupción, no se excluya a los amigos del oficialismo.