A todos los que investigó la Comisión Lava Jato

 

Esta semana asistimos a la presentación del Informe Final de la Comisión Investigadora Multipartidaria Lava Jato, a cargo de la congresista Rosa Bartra, que pone en evidencia gravísimos actos de corrupción que podemos sumar a nuestra ya atribulada vida republicana. Nunca, de una manera tan sistemática y por un tiempo tan prolongado, nuestro país ha sido saqueado con el beneplácito de cuatro gobiernos. Es un hecho que la historia y el tiempo contrastarán con lo ocurrido con el guano, el salitre o, incluso, la consolidación de la deuda interna.

No solo se han llevado US$ 12,000 millones de todos los peruanos, también oportunidades en desarrollo, así como mejores carreteras, acceso a salud en más hospitales, más colegios, agua y la lista puede seguir. De otro lado, hemos quedado sumidos en una inseguridad que nos viene generando una parálisis en las decisiones urgentes que requiere la ciudadanía. Se respira desconfianza. Se ha detenido y puesto un velo de terror a la inversión pública, la que debe ejecutar el Gobierno central o los diferentes niveles de gobiernos subnacionales. Incluso se hizo una modificación constitucional para acelerar el proceso de la reconstrucción del norte.

Y para no dejar de lado el condimento político, cínicamente se culpa a la inversión privada de todos los males de la Nación. No se trata de encubrir malas prácticas entre los empresarios. Ellos deben responder por los delitos que cometieron, pero muchos olvidan que cada una de las formas de contratación con el Estado, incluidas las obras públicas, han sido afectadas por este carnaval. Tanto que los señores Luyo y Cuba, los primeros en ser detenidos por su participación en los hechos que hoy se conocen por la Línea 1, eran parte de “un proyecto público al 100%”.

Las modalidades eran variadas. Por ejemplo, se participaba en un concurso público, se fijaba un precio de referencia, “el mejor” para ganar. Y luego, vía “adendas”, se lograba el precio “deseado”. ¿Hubieran ganado estos postores si hubiesen agregado sus adendas desde el inicio? De ninguna manera, aunque uno de los casos expuestos desafía toda lógica.

Otra fórmula era el cambio de condiciones de las bases, sobre todo en el caso de financiamiento. Las condiciones de exigencias financieras eran sustituidas por el contrato mismo del Estado. ¿Por qué? Fácil, te lo explico. Durante años hemos trabajado, ahorrado y pagado nuestros impuestos. Nos hemos sacado la “mugre”. Ahora, me preguntarán, ¿qué tiene que ver? Pues todo. La modalidad que usaron se basaba en que nosotros, por nuestro esfuerzo y trabajo, logramos hacer que Perú llegue a una clasificación BBB-. Como decía Cantinflas, “he ahí el detalle”. Hemos ganado una reputación de país serio, prudente y cuidadoso con sus cuentas. Así es como un contrato con el Perú aseguraba el pago de las acreencias contratadas.

Solo bastó que estos gangsters contaran con la firma del Perú para poder acceder a fuentes ilimitadas de crédito. No necesitaban siquiera poner capital. Ni un solo “mango”. Como si no fuera poco, si les comenzaba a ir mal, o querían cambiar el negocio, se llevaban al Perú a arbitraje y gol. Lograban sus propósitos. Es decir, no solo se robaron el ahorro que teníamos, utilizaron a su beneficio nuestro crédito con el sistema financiero internacional y encima nos dejan en una crisis interna de credibilidad, entre nosotros, que comienza a afectar nuestro posicionamiento externo.

Pese a la magnitud de lo sucedido, que debería tener repercusiones, solo se están tocando 11 eventos, de un número mucho mayor de casos. Por otra parte, llama la atención cómo ciertas instituciones internacionales llamadas a controlar o supervisar estos proyectos se negaron a dar la información que era solicitada por el Congreso. Igualmente, algunas instituciones nacionales se fueron por el mismo carril. Por ejemplo, el MTC, a pesar de las seis solicitudes recibidas, no informó sobre los recursos públicos proyectados para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera IIRSA Sur hasta que culmine el plazo de concesión. En esa misma línea, la Fiscalía —bajo la presidencia del fiscal Pablo Sánchez— tampoco atendió los requerimientos de información de la comisión investigadora a cargo de Rosa Bartra.

La lucha que le tocará al actual Ministerio Público debe tener a más de uno muy preocupado. Solo esperemos que se respeten sus plazos de trabajo, pues en el caso de la Comisión Lava Jato resultó gracioso que para resolver una acusación con numerosos implicados, para la cual se pidieron tres años para investigar, se exigieran resultados en solo nueve meses.

Recordemos que a la mega comisión que se instaló para investigar al señor Alan García se le dio un plazo de dos años y cien investigadores. El presupuesto llegó a un millón de soles. ¿Lo olvidaron? ¿Qué se consiguió? Nada. No ha pasado lo mismo en el caso de la Comisión Lava Jato, con cuyo trabajo comienzan a aflorar los hechos, las relaciones, las negativas a colaborar. Y en general, se presentan los horrores sufridos por la Nación ante la mirada de altos directivos.

Entiendo que el deseo de los implicados es que todo esto desaparezca. Para ellos, lo más conveniente es que se acabe la investigación, lo cual sería un gravísimo error. Y si bien los resultados que pueda lograr el Congreso de la República tienen el carácter de una sanción política, ponen una seña en los casos que serán enviados a la Fiscalía para seguir su desarrollo e investigación. Al mismo tiempo, es de vital importancia que se den a conocer los avances entre los ciudadanos.

Nos han dejado con una caja saqueada y la confianza en nosotros mismos hecha pedazos. Pero es necesario continuar indagando, pues 31 millones de peruanos esperan que podamos concentrarnos nuevamente en lo que el país requiere para seguir la vía del crecimiento y la buena gestión de la cosa pública. El haber caído en los índices de competitividad y de progreso social no es sino el aviso de que estamos avanzando por el camino equivocado. Dejemos de lado las posiciones irreductibles. ¡El Perú nos necesita ahora!