A favor de la pena de muerte

Aún cuando me parece un estupendo distractor deliberado de los grandes temas actuales de la política nacional, considero importante razonar antes que expresar emociones o posiciones ideológicas respecto a la pena de muerte. Desde fines de los años setenta vengo escuchando a los socialistas pretender dar solidez académica a sus afirmaciones, anteponiendo el estribillo de que “existen estudios que demuestran…” . Lo cierto es que dichas estudios rara vez existen, y los pocos que se pueden exhibir carecen de rigor científico, siendo poco más que un compendio de afirmaciones circulares redundantes de un grupo de sacha expertos que piensan igual. Los mismos que hoy se aplauden y condecoran entre sí.

En primer lugar, no sé de ningún ejecutado que haya reincidido o cometido otro delito. Respecto a las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte, cuidado, que la misma duda puede usarse válidamente sobre el carácter disuasivo de las penas de cárcel.

El argumento de la inconstitucionalidad y la sujeción a tratados internacionales tampoco es sólido, pues existen mecanismos claros para modificar la Constitución y denunciar (salirse de) los tratados internacionales. Respecto al temor al cacareo internacional, valdría la pena recordar que Estados Unidos (por el mundo libre) ni Cuba (meca del socialismo latinoamericano) son suscriptoras de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la (la Venezuela adorada por Glave y su banda, se retiró el 2012), así que solvencia moral para el cacareo no hay.

En términos absolutos, la pena de muerte ha cumplido con eficacia a lo largo de la historia con la doble función de asepsia social de predadores bípedos irrecuperables y disuasión de potenciales delincuentes. Pero antes de entrar en el debate acerca de los delitos para los que debe o no aplicarse (homicidio premeditado y terrorismo encabezarían tal análisis) es necesario analizar la realidad de la justicia peruana.

La corrupción, potenciada geométricamente por el narcotráfico, está presente en los tres poderes del Estado. La palanca del dinero y el poder es de doble filo: puede ser utilizada, y lo viene siendo, tanto para liberar al culpable como para encarcelar al inocente. Durante los últimos 17 años los “periodicazos”, la insistencia de la prensa televisiva y radial, y el dictamen de una comisión investigadora del Congreso vienen pesando más que el más riguroso análisis legal de un fiscal sobre un caso. Así se termina con los huesos de alguien en prisión por periodos que se extienden más allá de lo racionalmente aceptable.

A lo dicho en el párrafo anterior hay que añadir la corrupción y deficiente preparación y equipamiento policial para la investigación, y la evidente penetración ideológica de amigos de Sendero y el MRTA. Y también a los cómplices bolivarianos de la dictadura cubana en el Ministerio Público y el Poder Judicial, en previsible y absoluta coherencia con la prevalencia contemporánea del conflicto asimétrico, cuyo desconocimiento vienen pagando muy caro los miembros de nuestras FF. AA. y PNP que enfrentaron el ataque subversivo, por no terminar de asumir que la naturaleza del conflicto ha mutado.

Hablando en términos de gestión empresarial, para los lectores no abogados la pena es el proceso final del proceso de justicia. Si los anteriores (prevención, policía, Fiscalía, Poder Judicial) realizan procesos deficientes, es irracional esperar que la pena cumpla con lo que esperamos de ella.

Dardo López Dolz