Universidad en el Tribunal

Se pretende favorecer a un modelo de universidad para liquidar competencia.

En los próximos días el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la nueva Ley Universitaria que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y que, de acuerdo a la demanda presentada, viola la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.  Ni durante el fujimorato ni en las administraciones de Alan García y Alejandro Toledo nadie se atrevió a tocar la autonomía de los claustros. Cuando el terrorismo controlaba universidades tampoco se osó a tanto no obstante las intervenciones militares a las aulas. 

¿Por qué tanto respeto a la autonomía universitaria? Porque de una u otra manera todo lo democrático del siglo XX y del actual viene de los claustros universitarios. Las luchas democráticas, el surgimiento del aprismo, del socialcristianismo, del acciopopulismo y de las mejores tradiciones de la izquierda también. De allí el respeto a semejante institución que hoy se vulnera. 

¿Por qué entonces se aprobó una ley que viola  la autonomía universitaria? Porque se ha vendido la idea de que las malas universidades se explican porque se ha permitido la inversión privada en la educación superior, el “aterrador lucro” y, entonces, el estado, responsable de la debacle educativa nacional, tiene que ser el gran empoderado para la solución. 

Malas universidades existen en todos los modelos. Por ejemplo, la Agraria sigue siendo un claustro de excelencia entre decenas de universidades públicas muy deficientes. El modelo asociativo que funciona para La Católica es el boleto para la mediocridad y otras cosas peores en La Garcilaso. Universidades privadas de excelencia como la UPC, la Científica del Sur, San Ignacio de Loyola y la Continental funcionan al lado muchas privadas mediocres. Es decir, los modelos de universidad en el país producen resultados de excelencia y de mediocridad. ¿Qué se debe hacer, pues, para relegar a los claustros mediocres? La única salida es empoderar a los consumidores, a los padres de familia, con información y datos de egresados y empleo. No hay otra porque el estado siempre ha fracasado. 

Sin embargo se ha optado por empoderar al estado mediante la creación de la Sunedu, organismo que depende del gobierno central y que establecerá qué universidad es buena y cuál mala. Todo huele a maniobra para favorecer un modelo de universidad y excluir a otro. Y es evidente que los cañones apuntan contra la inversión privada en el sector. 

El congresista Daniel Mora dice que “el lucro” es la causa de la mala universidad y embiste contra las utilidades de la UPC el mismo día que dicha universidad anuncia que ha sido reconocida internacionalmente en el QS STARS 2015, una calificación en diversas categorías compartidas por universidades como el MIT (USA), University of Cambridge y University of Oxford (UK), Tecnológica de Monterrey. En otras palabras, el blanco y los misiles solo tienen un destino: la inversión privada. 

El hecho de que las universidades privadas tengan los mismos beneficios tributarios que las asociativas, en caso de reinvertir utilidades, ha permitido que surjan gigantescos complejos universitarios dotados de los mejores laboratorios del país, pero con una oferta educativa mucho más económica y accesible a las clases medias emergentes. De allí la irrupción de universidades privadas de excelencia que, en los diversos concursos académicos, le respiran en la nuca o, incluso, superan a la Católica y la Cayetano. La pregunta es ¿invierten estas últimas sus utilidades de la misma manera? Todo indica, pues, que en el afán de favorecer a un modelo de universidad se pretende arrasar con la autonomía consagrada en la Constitución para eliminar la imprescindible competencia. El TC tiene la palabra.  

Por Víctor Andrés Ponce
16 - Feb - 2015