Relevo de jefe de la DINI y Gobierno se dispara al cuerpo

El relevo de Juan Carlos Liendo –coronel EP (r)– de la jefatura de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), horas antes del 4 de enero, fecha anunciada por las vanguardias comunistas y radicales para el reinicio de “las acciones de masas” en contra del Gobierno de Dina Baluarte, es una noticia devastadora para los peruanos de buena voluntad. Semejante renuncia significa que en el Gobierno no se ha entendido a cabalidad el significado de las acciones insurreccionales luego del golpe fallido de Pedro Castillo.

La noticia es devastadora porque erosionará la moral de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) que, no obstante todas las críticas y ataques de la progresía, se mantenía firme en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Es devastadora igualmente porque las acciones programadas por el radicalismo para mañana comenzaban a teñirse con todos los colores del fracaso por la irritación de la ciudadanía, sobre todo en el sur. La violencia de algunos días atrás terminó quebrando la economía sureña, las actividades turísticas, en navidades y fiestas de Año Nuevo.

La jefe de Estado y los miembros del Gobierno en general tenían todo el derecho a cuestionar cualquier posición del jefe de la DINI, pero el manual, la experiencia política y la industria pública aconsejaban buscar cualquier otro momento para el cambio. No uno en que se parece entregar la cabeza del jefe de la DINI horas antes de que los violentistas retomen acciones contra el Estado de derecho. De ninguna manera.

Por otro lado, las declaraciones de Liendo, formuladas antes de asumir el cargo, sobre la naturaleza de las acciones de violencia radical son absolutamente discretas y se aproximan a la verdad. 

Si alguien cree que tomar las carreteras nacionales para desabastecer a las ciudades, que desarrollar típicas acciones de guerra convencional –como atacar y destruir los aeropuertos del sur–, que atentar contra el sistema energético e hídrico del país son acciones que corresponden “al derecho a la legítima protesta”, entonces estamos frente a un progresista tan ideologizado como el comunista que repite como un mantra el asunto de la asamblea constituyente.

Las aproximaciones de Liendo sobre la naturaleza insurreccional de la violencia –es decir, acciones orientadas a quebrar el Estado de derecho, pulverizar la gobernabilidad y las instituciones, mediante la instalación de la anarquía general de la sociedad– son absolutamente correctas y de sentido común. Las acciones insurreccionales quiebran la constitucionalidad y se basan en la fuerza pura con el objeto de organizar un nuevo poder. ¿Qué tienen que ver estos fenómenos con la legítima protesta de ciudadanos excluidos de la economía, del derecho o de otros beneficios, por un Estado indolente? ¿Alguien que se considere serio puede participar de esta magia argumental?

En cualquier caso, es hora de entender que las corrientes comunistas consideran que las acciones insurreccionales, envueltas en demandas –como las de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto electoral y la convocatoria de una constituyente– forman parte de una estrategia de guerra de clases popular y prolongada. La intención de fracturar la unidad territorial del Perú con la república del sur forma parte del mismo libreto.

Si en el Ejecutivo se cree que las victorias parciales alcanzadas, sobre todo por el esfuerzo de nuestras fuerzas armadas y policiales, nos otorgan una patente de corso para tomar decisiones al margen de la discreción política, se comete un yerro mortal.

El relevo de Liendo le costará al Gobierno, y ojalá las diezmadas huestes del radicalismo no huelan la debilidad.