La CIDH pretende reeditar la judicialización que nos llevó a Castillo

Luego del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú después del golpe fallido de Pedro Castillo, queda en evidencia que la ideologización del organismo supranacional supera cualquier previsión. No solo se habla de violaciones de Derechos Humanos, y se insinúa masacres y ejecuciones extrajudiciales, sino que también se propone el programa y la sociología de todos los movimientos antisistema en la región. El mencionado informe de la CIDH, por ejemplo, se convertirá en un documento que será agitado por todos los gobiernos y movimientos bolivarianos que no pueden aceptar la vigorosa defensa de las instituciones republicanas del Perú frente al artero golpe contra la democracia de Pedro Castillo.

Para cualquier peruano de buena voluntad, para cualquier observador internacional no ideologizado, la lamentable muerte de peruanos durante la insurrección contra el Estado de derecho solo tiene un responsable: las vanguardias comunistas que atacaron aeropuertos, bloquearon carreteras y pretendieron quebrar la economía, y desabastecer a las ciudades. Y con esos objetivos y planes atacaron más de 100 comisarías, dejando heridos de gravedad a más de 500 policías y efectivos de las fuerzas armadas del país. ¿Es posible que un Estado de derecho se defienda frente a semejante ataque sin hacer el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública? O, en realidad, se pretende erosionar la autoridad democrática del Estado para que, en la próxima insurrección, las vanguardias destruyan aeropuertos, quemen el Congreso y logren instalar una constituyente, un poder soviético.

Pero en el informe de la CIDH, a nuestro entender, no solo se trata de quebrar el principio constitucional del uso de la fuerza pública, sino que también se defiende el diagnóstico social y el modelo económico de las fuerzas antisistema en la región. En el informe se habla de estigmatización de los pueblos andinos y se menciona que el modelo económico es extractivista Es decir, todos los argumentos que suelen agitar la ultraizquierda en el Perú y en el continente. Un observador histórico, que suele navegar en diferentes épocas, podría señalar que quienes creían que la caída del Muro de Berlín iba a terminar con el clásico internacionalismo proletario se equivocaron de principio a fin. El informe de la CIDH reedita ese internacionalismo con apellido progresista y pretende maniatar al sistema republicano en su capacidad de defenderse frente a la estrategia insurreccional del eje bolivariano. Y por otro lado, airea, oxigena, el relato de “los pueblos originarios” y el del “supuesto dominio de élites blancas que perpetran golpes de Estado contra jefes de Estado de origen andino, humilde”.

Así como en los noventa el informe de la Comisión de la Verdad se convirtió en la herramienta principal de estrategia de poder de las izquierdas, al judicializar a todos los militares y políticos que lucharon contra el comunismo terrorista de Sendero Luminoso, hoy el informe de la CIDH pretende organizar la narrativa que judicialice a todos los políticos y militares que detuvieron el golpe de Castillo y la insurrección bolivariana. Es decir, a quienes salvaron el Estado de derecho.

La judicialización de los noventa se convirtió en el gran detergente de las masacres y el terror de Sendero Luminoso, y todo desembocó en la elección de Pedro Castillo. Los peruanos no debemos permitir que se repita la tragedia.