Izar la bandera en Puno y la responsabilidad de los civiles

Es evidente que la escena en que unas pocas personas impiden que una patrulla militar del Ejército ice la bandera nacional en una plaza de Desaguadero, en Puno, hiere profundamente al Perú y a toda la peruanidad. Nos revela la amenaza latente que representa la prédica de Evo Morales en el altiplano y también la ineficiencia y la responsabilidad de los mandos militares en ese bochornoso incidente. Es algo que no debe volver a repetirse, y se deben desarrollar las correspondientes investigaciones y determinar responsabilidades.

Sin embargo, el problema de Puno no es un asunto militar ni menos policial. Ver las cosas de esa manera representa un grave error. La irritación de sectores en Puno en contra del Gobierno central, el Estado y las fuerzas de seguridad, a nuestro entender, tiene varias causas. Una es el fracaso del Estado, a través del Gobierno central y los gobiernos regionales, en el desarrollo de un plan de inversiones que saque a Puno del atraso de siglos pasados. En Puno hay 43% de pobreza de la población y el 40% está en situación de vulnerabilidad. Apenas la mitad de los puneños tiene acceso a agua y electricidad, muy por debajo de la media nacional. 

Otra de las causas de la situación en Puno es la estrategia secesionista de Evo Morales que –sin haber declarado la guerra al Perú, sin la intervención de un ejército de invasión– pretende anexar el altiplano peruano a una supuesta república aymara, con el objeto de expandir Bolivia hacia el mar peruano. Es una estrategia de anexión territorial que todavía no ha sido respondida por el Estado y la sociedad peruana. Y, finalmente, otra de las causas de la situación en Puno y los retrasos en el restablecimiento del Estado de derecho, que tiene que ver con la renuncia de las instituciones de justicia a identificar y procesar a los vándalos y delincuentes que sembraron el caos y la violencia luego del golpe de Pedro Castillo. En Puno, los violentistas se sienten impunes frente a la Constitución y la ley.

Enfrentar estos problemas de ninguna manera es responsabilidad de las fuerzas armadas y la PNP. Es responsabilidad exclusiva de los civiles. Los partidos democráticos, dentro y fuera del Congreso, que se opusieron al proyecto de la asamblea constituyente del eje bolivariano, tienen la obligación de formar un frente único y enviar de brigadas de militantes para respaldar a los demócratas puneños –hoy aislados y atemorizados– y dedicarse a desarrollar una narrativa alternativa a las prédicas antiperuanas de Evo Morales, del eje bolivariano y del Movadef.

Igualmente, ese frente único para recuperar Puno debe exigir a las instituciones del sistema de justicia que cumplan las responsabilidades que les asigna la Constitución y la ley frente a los violentistas. Asimismo, esa convergencia para recuperar el altiplano debe exigir al Ejecutivo que materialice un shock de inversiones, más allá del fracaso de la regionalización.

Como se aprecia con absoluta claridad, el problema de Puno es responsabilidad principal y directa de los civiles.