El progresismo constitucional luego del debate sobre la JNJ

El debate sobre las facultades del Congreso de investigar y remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha convertido en un verdadero terremoto nacional e internacional. Algunas dependencias de la ONU y embajadas, al parecer, fueron movilizadas para respaldar a las campañas progresistas que pretendían defender, contra viento y marea, a la JNJ. Por otro lado, errores en la Comisión de Justicia del Legislativo, de una u otra manera, fortalecían a los criterios y estratagemas de quienes se han propuesto defender a la Junta.

Sin embargo, en medio de la hojarasca del debate, quedaba un argumento sólido, incuestionable, a favor de la mayoría del Legislativo que parece decidida a llevar adelante la investigación: la edad de los magistrados titulares –según la Constitución– para ejercer el cargo está entre los 45 años y los 75 años. La cosa es tan evidente como contemplar una cordillera. Todo lo demás es quimba y amague criollo en el debate constitucional. El argumento de un informe de Servir para justificar la infracción constitucional solo dramatiza el problema: había algunos funcionarios que se sentían claramente por encima de la Constitución y la ley, o del Congreso y del Tribunal Constitucional.

El argumento de los 75 años y todo el relativismo constitucional del progresismo o de la llamada izquierda caviar, en el acto, nos recuerda dos barbaries constitucionales que, de una u otra manera, han pretendido pasar como procesos ajustados a la Constitución. Nos referimos al golpe de Estado de Martín Vizcarra y el golpe de masas en contra del Gobierno constitucional de Manuel Merino. 

Cualquiera sea el ángulo de análisis, cualquiera sea título o artículo invocado de la Constitución, ambos procesos fueron dos claros golpes de Estado y quiebres de la institucionalidad. En la Carta Política no existe el argumento de “la denegación fáctica” para cerrar el Congreso, y ninguna movilización popular, transmitida en directo por televisión, puede justificar la renuncia de un Gobierno y la elección de las minorías de las minorías en el Ejecutivo y en el Congreso. Si no hablamos de golpe de Estado es porque en ambos procesos golpistas, es evidente, hubo un gran apoyo popular y el claro respaldo de la cúpula militar.

No obstante estos hechos incuestionables, la izquierda progresista incluso se atreve a debatir académicamente la justificación de los dos golpes, utilizando un relativismo en la interpretación de la Constitución. De tal manera que la denegatoria de dos confianzas se convierte en “denegación fáctica” y la elección de un Gobierno transitorio por el Legislativo se reemplaza por una movilización de soviets posmodernos que erigen a minorías de minorías.

Con esos antecedentes en el debate constitucional, con ese relativismo en la lectura de la Constitución, se entiende por qué en el Legislativo se ha formado una mayoría que parece no escuchar la desesperación progresista por mantener a la JNJ.

Luego de la devastadora elección de Pedro Castillo, después de las olas de violencia que pretendieron quebrar el Estado de derecho e instalar una constituyente, en la mayoría de bancadas del Congreso parece existir la certeza de que el progresismo es un enemigo principal. Quizá no exista demasiada racionalidad en esa posición, porque el enemigo principal siempre será el comunismo del eje bolivariano. Sin embargo, por ahora las bancadas parecen empeñadas en seguir hasta el final con el proceso contra la Junta. Veremos.