Cuando el eje bolivariano perdió un “Allende andino”

Los esfuerzos de los presidentes de México, Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Venezuela, Nicolás Maduro, de presentar a Pedro Castillo como un ex mandatario perseguido por “las derechas oligárquicas y neoliberales”, comienzan a ser conmovedores. Es el intento de construir un relato, como se dice, a la mala. La realidad no importa, los hechos son relativos, lo que importa es la fábula. 

Algo parecido comienzan a hacer los activistas bolivarianos en el Perú: repiten los argumentos de la victimización de Castillo y presentan “una convulsión social sin precedentes, una contraofensiva revolucionaria”. Es evidente que existen protestas de minorías, pero es incuestionable que todo comienza a ser sobredimensionado a través de las armas letales del tik tok.

¿Por qué la desesperación de la izquierda regional frente al encarcelamiento de Castillo? Todo indica que la reacción de las instituciones republicanas y la defensa de la Constitución y las libertades en el Perú pueden convertirse en una referencia latinoamericana y pueden vacunar para siempre a la región contra los asaltos populistas a las repúblicas y constituciones. ¿Por qué? Castillo es el primer jefe de Estado de izquierda que podría purgar larga prisión (Hugo Chávez fue encarcelado por breve tiempo). No se trata del guerrillero o el activista radical que se enfrenta “al estado burgués” y es procesado o encarcelado. Se trata de un comunista que abusó del poder enfrente de los más de 30 millones de peruanos y los miles de millones en el mundo que observaron el hecho.

Castillo entonces es una especie de contra-Allende, contra-Evo. Ya no se trata del líder perseguido sino del líder que pretendió abusar, que pretendió convertirse en dictador en vivo y en directo ante millones de personas. La consecuencia natural de estos hechos es que, si el Estado de derecho pretende sobrevivir en el país, inevitablemente las instituciones deben procesar el sedicioso, al ciudadano que abusó de todo el poder que le entregó la democracia.

Es una tragedia que del destino judicial de un ciudadano, de una u otra manera, dependa el futuro del Estado de derecho. Si Castillo se libra de la justicia, todo el principio de autoridad del sistema republicano se derrumbará como un castillo de naipes y los parlamentarios comunistas seguirán alentando insurrecciones, asaltos a minas (como está sucediendo en Las Bambas) y diversas acciones de minorías radicales.

Cuando los activistas bolivarianos politizan y radicalizan la estrategia de victimización de Castillo, de alguna manera, complican aún más el futuro del sindicalista magisterial que nunca debió llegar a la jefatura de Estado, porque nunca estuvo calificado ni preparado para el cargo.

Y cuando empiecen los procesos por corrupción contra Castillo no solo serán temas de sedición y rebelión contra el Estado de derecho, sino que la figura del ex jefe de Estado se vinculará a los temas penales. Nada, pues, quedará del proyecto del “Allende andino” que, tal como sucedió con Salvador Allende en Chile, habría posibilitado más de medio siglo de fábulas y narrativas para los bolivarianos de la región.