¡Basta! De acuerdo al Estado de derecho, ¡Fujimori libertad!

Si en el Perú se ha defendido con grandeza el Estado derecho frente al golpe de Pedro Castillo y el eje bolivariano, si en el país se derrotó la violencia insurreccional que pretendía quebrar la institucionalidad para que se convocara a una asamblea constituyente, ¿por qué no se cumple el indulto humanitario otorgado por el expresidente constitucional, Pedro Pablo Kuzcynski –que luego fuera ratificado por el Tribunal Constitucional (TC)– a favor del expresidente Alberto Fujimori?

Si la Constitución regula el procedimiento del indulto y también establece que el TC es el máximo intérprete del texto constitucional, ¿cómo así el indulto a Fujimori no se cumple por un mandato arbitrario de la Corte Interamericano de Derechos Humanos? La argumentación del mencionado tribunal internacional es absolutamente ideológica y sectaria. Para no implementar el indulto a Fujimori se arguye que el expresidente está en la cárcel por un delito de lesa humanidad. Sin embargo, cuando se cometieron los hechos imputados a Fujimori el Perú no había suscrito el Tratado de Roma con el cual recién se establece la tipicidad de lesa humanidad en nuestra legislación.

Vale preguntarse entonces, ¿qué autoridad tiene la Corte IDH para interpretar las cosas por encima de la Constitución del Perú, en contra de las instituciones tutelares de la República y a contracorriente de todos los principios del derecho internacional y los principios universales de la legislación penal. Y, ¿cómo así la República del Perú se convirtió en una colonia jurídica de una corte ideologizada que empieza a recordar los momentos más sombríos del internacionalismo proletario del siglo XX?

Si pretendemos defender al Estado de derecho a cualquier costo, tal como lo han hecho las grandes democracias del planeta, entonces tenemos que defender la Constitución y nuestras instituciones tutelares cumpliendo con el indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori. La urgencia de materializar el indulto también se dramatiza luego de que la Comisión Interamericana se atreviera a reabrir los casos de Víctor Polay y Artemio, en contra de nuestro texto constitucional y la propia jurisprudencia del sistema interamericano.

Por otro lado, si pretendemos construir una comunidad política en donde se cancele la judicialización de la política y del rival ideológico y en donde se coloque por delante un proyecto de país, necesitamos cumplir con el indulto a Fujimori. ¿Por qué? Porque el Perú necesita superar la polarización entre el fujimorismo y el antifujimorismo, que ha destruido todos los logros económicos, sociales, institucionales de las últimas tres décadas. Todos los analistas y observadores no ideologizados se preguntan cómo así el Perú, una sociedad que derrotó al senderismo y redujo la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia, terminó eligiendo a Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana y con una alianza con el senderismo. La única explicación: la fábula destructiva de fujimoristas versus antifujimoristas. Materializar el indulto a Fujimori termina con esta polaridad que llevó al comunismo al poder.

El Perú no puede permitir la estratagema de las corrientes comunistas y progresistas que buscan la muerte de un anciano enfermo en la cárcel como una manera de justificar una fábula y mantener una narrativa en las siguientes generaciones. Es la misma estrategia fabuladora que entronizó en el imaginario latinoamericano una imagen idílica del Che Guevara, no obstante que él era un asesino de sangre fría, capaz de eliminar a inocentes campesinos opositores, tal como lo hacían los senderistas. Se trata de la misma industria de la fábula que convirtió a Allende, un soldado de la dictadura del proletariado y los soviets, en un héroe que resistió un golpe militar antes de cometer suicidio.

¡Fujimori libertad, ya!