LA COLUMNA DEL DIRECTOR >
Apuntes sobre el radicalismo
Violencia antiminera es claro método insurreccional en desarrollo.
Es evidente que detrás de las protestas contra Tía María está la irritación de las comunidades y provincias del Perú que se sienten excluidas del boom minero. Cuando el estado se llena los bolsillos con los tributos de la minería, pero es incapaz de hacer obra en la provincia alejada, crea el fermento que favorece al radical. Sobre esos rieles avanza el discurso anti minero que disfraza su proyecto político, económico y social con envoltura ambientalista.
Así sucedió en Conga y así pasa hoy en Tía María. Más allá de las falacias ambientales, vale auscultar la estrategia política del radicalismo que erosiona la idea de autoridad en la sociedad. Nadie niega que en el Perú no existe autoridad porque no hay un nuevo contrato social y político que represente el crecimiento económico, y la reducción de pobreza y de la desigualdad de las últimas dos décadas, que se desplegó bajo el amparo de la actual Carta Política.
Pero cualquier reforma a futuro tiene que hacerse partiendo de una idea de estado y no sobre “los escombros del estado burgués”, como pretende el radicalismo. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en Conga y Tía María. En primer lugar, el sistema de representación de los gobiernos central, regional y local estalla en pedazos cuando irrumpe la turba. Como no hay sistema de representación que valga, el lenguaje de la calle se impone sobre las leyes y la Constitución.
Sin bloqueo de carreteras, puentes, y sin afectar el libre tránsito de los ciudadanos, el radicalismo antiminero no podría imponerse. Es decir, sin hacer pedazos la Carta Política. Sin embargo, los fiscales y los jueces de las áreas en conflicto se inhiben de aplicar la ley. “El poder fáctico” que emerge de la turba, no solo pulveriza el sistema de representación sino que hace puré todo el sistema de justicia. Surge una especie de zona liberada temporal y de la idea de estado y autoridad solo restan jirones.
De pronto, las compañías mineras quedan enfrente de las poblaciones y del radical antiminero que demoniza a todo vapor a las corporaciones. Como la autoridad ha sido erosionada hasta el infinito, el radical anti minero también queda enfrente del tembloroso policía. Y como la fuerza policial en el Perú tiene una actitud contemplativa el radicalismo entra en trompo. Si bien ya anularon el sistema de representación y el sistema de justicia, igualmente deben anular el sistema de coerción estatal. De lo contrario no ganan.
Pero la policía no da pelea, solo mira. Entonces el radical sabe que así no puede ganar y empuja al ataque directo de las comisarías y a los efectivos apostados en la calle. Es un claro método insurreccional en desarrollo. Y como los partidos políticos de la democracia se ponen de costado y los ministros de Interior compiten con los fiscales en acusar a los policías de determinados yerros y excesos, el efectivo tembloroso, en muchos casos, decide inmolarse como, por ejemplo, en el Baguazo. Pero si el policía dispara y sucede una tragedia, el radical antiminero usa el resultado fatal para legitimar su protesta y gana. Queda claro que el extremista buscaba sangre y triunfa en cualquier escenario. Sin embargo ese radical anti minero nunca puede ganar una elección nacional, excepto en contadas regiones. Una minoría pisa el cuello del país.
Por Víctor Andrés Ponce
08 - May - 2015
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