Después de aprobada las reformas... ¿Qué?

Seguramente después de aprobada las cuatro reformas constitucionales por el Legislativo continuarán algunas discusiones sobre la propiedad de las reformas de los sistemas de justicia y político. Es evidente que la mayoría de actores coincidirá en los aciertos en la reforma del sistema de justicia, por el consenso alcanzado, y persistirá en los reparos a los cambios del sistema político; sobre todo considerando el exabrupto de la no reelección congresal impuesto por la coyuntura. Sin embargo, si el presidente Martín Vizcarra —–largamente el ganador de la coyuntura— no utiliza este momentum político para superar la polarización política que aflige al país, organizando un proceso de convergencias y acuerdos, tarde o temprano la República y los peruanos —sobre todo los más pobres— serán los perdedores.

Después de sancionadas las reformas constitucionales y garantizada la convocatoria del referéndum, el Ejecutivo se quedará sin banderas para seguir velando sus responsabilidades en la gobernabilidad: alarmantes retrasos en la reconstrucción del norte, incremento de la anemia, rebrote del sarampión, víctimas y muertos por las heladas y el friaje, y desborde de la criminalidad en la sociedad peruana. En este escenario, seguramente el asesor izquierdista susurrará a la oreja presidencial acerca de que el Ejecutivo todavía puede seguir cabalgando sobre la polarización con el Congreso, habida cuenta de que el Legislativo está en la obligación de revisar las decenas de decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas, algunos de los cuales contienen verdaderas bombas de tiempo (la posibilidad de que la SUNAT establezca el embargo de los bienes de los gerentes de empresas solo por la presunción de evasión tributaria, por ejemplo). Sin embargo ese camino, tarde o temprano, llevará a una derrota segura al propio Ejecutivo, en la que la democracia y la institucionalidad crujirán. En política no hay libretos eternos.

La misma reflexión vale para la mayoría legislativa y para los partidos del Congreso, todos ellos con cierta sangre en el ojo por la manera como se aprueban las reformas y la agresividad innecesaria del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Si en el Congreso se decide ir por el vuelto, más allá de utilizar los mecanismos constitucionales establecidos, es evidente que la polarización recrudecerá y los actores interesados en las interrupciones constitucionales estarán su garbanzal.

¿Qué hacer entonces? El presidente Vizcarra debería convertir el diálogo con la mayoría legislativa y los partidos políticos en una instancia natural de la gobernabilidad, conversando y escuchando las diversas propuestas. ¿Por qué el jefe de Estado es el llamado a la iniciativa? Porque hoy es el político con más aprobación y, por lo tanto —no solo por su cargo, sino también por el respaldo ciudadano— tiene la fuerza política necesaria para convocar. Un Presidente sin partido que organice la gobernabilidad puede convertirse en el jefe de Estado más poderoso de los últimos tiempos.

Igualmente, los actores legislativos deberían entender que las convergencias Ejecutivo-Legislativo representan el único espacio para relanzar el trabajo del Congreso: el liderazgo de las urgentes reformas que necesita el Perú. De lo contrario, en una situación diferente, no será extraño que el Congreso vuelva a ser presionado y forzado a aprobar reformas, como sucede en la actualidad.

Si Ejecutivo y Legislativo logran organizar una dinámica constructiva, el entrampamiento político que ahoga a la democracia desde las elecciones del 2016 se destrabará y los extremistas de la polarización reducirán sus márgenes de maniobra. En este contexto la clase política podrá focalizar sus esfuerzos en profundizar las reformas constitucionales necesarias para superar la crisis de institucionalidad, en reformar la legislación laboral socialista (que crea derechos en el papel y genera informalidad en la realidad), en desarrollar una reforma tributaria que integre gradualmente todos los sistemas impositivos en uno solo, en pisar el acelerador de la reforma educativa (más allá de las agendas de la izquierda alrededor de los temas de género), en organizar un nuevo sistema de salud y en relanzar las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos para concretar las inversiones en infraestructuras.

Si se logran estos espacios de convergencia Ejecutivo-Legislativo a favor de las reformas, en la democracia peruana se habrá convertido la peor crisis de gobernabilidad de las últimas dos décadas en un proceso constructivo a favor de la República y la libertad económica. Un proceso que nos señalaría que el faccionalismo político —que destruye al Perú desde la Independencia— ha quedado atrás, que es un asunto del pasado.