Los comandos Chavín de Huántar y la construcción del Estado de derecho

El 22 de abril de 1997 se desarrolló la operación de rescate de los rehenes del MRTA, en la residencia del embajador de Japón, a cargo de los Comandos Chavín de Huántar. En esa impecable operación militar, que permitió el rescate de 72 rehenes con vida, murieron el teniente coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval, el teniente EP Gustavo Jiménez Chávez y el rehén Carlos Giusti Acuña, vocal de la Corte Suprema, y fueron abatidos los terroristas que asaltaron la embajada.

Una operación que causó la muerte de un civil, dos comandos Chavín de Huántar y 14 terroristas emerretistas, una operación que hoy en día es estudiada en las mejores escuelas militares del planeta como ejemplo de planificación y eficiencia militar en donde, prácticamente, no se causaron víctimas civiles porque los soldados lo entregaron todo con tal de preservar la vida de los secuestrados.

Sin embargo, en el Perú, las corrientes comunistas, neocomunistas y progresistas, iniciaron una persecución militar de nuestros comandos que se prolongó por años, décadas y llega, incluso, hasta la actualidad. A nuestro entender el problema no fue que los neocomunistas y los progresistas, a través de sus oenegés de izquierda, iniciaran una feroz persecución en contra de nuestros soldados, sino la manera cómo la sociedad permitió semejante agresión revestida de “juridicidad y supuesta defensa de los Derechos Humanos”. Asimismo, creemos que, en la judicialización de los soldados de la patria, jugó un papel negativo la Corte IDH y el sistema interamericano de justicia, extremadamente ideologizados y controlados por las corrientes progresistas de nuestra región.

La gran narrativa comunista con la que se judicializó a nuestros soldados es la de la supuesta defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué nos dice este relato? Con gran habilidad y perspicacia ideológica los progresistas y neocomunistas nos señalan que “la defensa de los DD.HH. debe relativizar, incluso, la defensa del Estado de derecho y, por lo tanto, el uso de la fuerza pública, el ejercicio del poder de fuego del Estado, para preservar la sociedad y el sistema republicano.

El argumento progresista se desplegó bajo el criterio de que el gobierno de Alberto Fujimori era uno autoritario, que había quebrado el Estado de derecho con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Sin embargo, más allá de las críticas al régimen de entonces, la operación Chavín de Huántar representó la legítima defensa de una sociedad que se levanta para defender los Derechos Humanos de toda la sociedad, amenazados por una minoría de terroristas que toman en sus manos la vida, la libertad, y los demás derechos humanos y derechos constitucionales consagrados en los derechos naturales del hombre, la Constitución y los tratados internacionales sobre el tema.

En cualquier caso, deberíamos preguntarnos acaso que sin la heroica operación Chavín de Huántar y el rescate de los rehenes hubiese sido posible desarrollar dos décadas democracia, de Estado de derecho – que más allá de sus yerros e imperfecciones existe y avanza- desde inicios del nuevo milenio hasta la actualidad. La respuesta es evidente: sin la acción de los comandos Chavín sería imposible el Estado de derecho porque si una decena y medio de terroristas, con fusiles y granadas, tomaba la vida y la libertad de cualquier peruano, la democracia era imposible.

Vale subrayar que la historia de la humanidad nos deja en claro que el único sistema que posibilita defender los Derechos Humanos es el Estado de derecho y los sistemas republicanos. O, ¿acaso existe otro? Y el Estado de derecho en la historia de la modernidad también se ha construido ejerciendo el uso de la fuerza constitucional y legítima. Allí está la guerra civil en el Reino Unido que construyó el gran sistema constitucional británico. Allí está la terrible y despiadada guerra civil de secesión en los Estados Unidos que posibilitó consolidar la mayor república de la historia moderna. E, igualmente, sin la Segunda Guerra Mundial y la defensa de los valores occidentales, la defensa de los Derechos Humanos habría sido imposible con los campos de concentración del nazismo.

El Perú, pues, les debe casi todo a los comandos Chavín de Huántar. Por estas razones, no permitamos una sola hora más de judicialización contra nuestros soldados.