Una revolución cultural a favor del principio de autoridad

Una de las razones de la crisis política del Perú es la erosión del principio de autoridad del Estado de derecho. Y quizá no podía haber otro resultado, considerando el fracaso de la política que explica siete jefes de Estado en un período en que solo debió haber dos. Una locura política y constitucional. Sin embargo, al lado de la crisis política está el predominio de una narrativa acerca de que los Derechos Humanos se pueden defender, se pueden preservar, al margen del Estado de derecho o de los sistemas en donde se controla el poder político.

En Hispanoamérica –ya sea en Chile, Perú o Colombia–, las llamadas oenegés de Derechos Humanos han triunfado culturalmente, desarrollando la fábula acerca de que se defienden los Derechos Humanos al margen de la defensa del Estado de derecho.

Antes de desarrollar estas reflexiones vale señalar que el único sistema que ha protegido los Derechos Humanos en la historia moderna han sido las sociedades occidentales en donde existen estados de derechos. Imaginar que en China o en las sociedades islámicas se protegen los derechos humanos es una imposibilidad, porque los andamiajes políticos e institucionales establecen la plena subordinación de los individuos a las ideologías y religiones oficiales.

El Estado de derecho, la posibilidad de controlar el exceso de poder y los balances institucionales, pues, son el punto de partida en la defensa de los Derechos Humanos. De allí que en el Perú se padezca una verdadera esquizofrenia, porque los defensores del sistema constitucional son perseguidos y judicializados de por vida, precisamente, por haber defendido el Estado de derecho.

Por ejemplo, unos años atrás, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, el eje bolivariano organizó milicias y vanguardias para quebrar el Estado de derecho en el Perú. Algunos sectores se propusieron incendiar y destruir todos los aeropuertos del sur, incluso el plan se perpetró contra el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. En tanto eso sucedía, todas las vías nacionales estaban bloqueadas con el objeto de quebrar la economía nacional y desabastecer a las ciudades. Se trataba de uno de los planes más sofisticados y cruentos de la región. ¿Qué hubiese sucedido si se destruían los aeropuertos del sur? Se habría quebrado la moral nacional y la clase política habría aceptado que la convocatoria de una constituyente era una salida de paz. ¿Alguien duda de este escenario?

El objetivo de las izquierdas antisistema y de las izquierdas bolivarianas no se concretaron por la decidida acción de los miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). En cualquier país con relativa salud democrática los miembros de las fuerzas de seguridad serían considerados héroes. Sin embargo, en esas jornadas en la defensa de la democracia hubo 60 lamentables muertes de peruanos por la acción radical de las milicias del sur.

Hoy, más de 300 soldados y policías, incluso algunos de ellos con prisión preventiva, están judicializados y, todos sabemos que si no hay una reforma integral del sistema de justicia serán perseguidos de por vida, tal como ha sucedido con los miembros de las fuerzas de seguridad que enfrentaron la amenaza del comunismo terrorista de los años ochenta.

¿Cómo explicar esta situación? Se trata del triunfo cultural de las izquierdas, sobre todo de las llamadas oenegés de Derechos Humanos, que han construido la fábula acerca de que los derechos humanos existen al margen de la vigencia o continuidad del Estado de derecho. Desde esa ficción se construyen los criterios del uso desproporcionado de la fuerza y se busca bloquear la acción de las fuerzas de seguridad en la defensa de la Constitución. 

En realidad, estamos ante una práctica de las izquierdas para seguir sumando a sus estrategias de poder. Estrategias que, como todos sabemos, consideran la acción directa de las masas (acciones contra los aeropuertos del sur) como parte de los derechos ciudadanos de participación ciudadana.

Es evidente entonces que si queremos relanzar el Perú desde el 2026 tenemos que recuperar el respeto al principio de autoridad del Estado derecho. De lo contrario, el Perú se empantanará y estará al filo de la anarquía.