La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En una entrevista desarrollada en este portal, el economista César Peñaranda llega a sostener que el Perú tiene todas las posibilidades y recursos para convertirse en una potencia mundial en términos económicos y sociales. Sin embargo, la primera condición que plantea para avanzar en esa ruta es recuperar y consolidar los avances en la construcción del Estado de derecho. Es decir, crear un sistema político en que las instituciones funcionen, se respete la ley y los derechos de propiedad en general.
De alguna manera, a inicios del nuevo milenio el Perú parecía encaminado a convertirse en una verdadera potencia planetaria, incluso existían algunas proyecciones que señalaban que si se mantenía los niveles de crecimiento sobre el 6% de entonces, en el Bicentenario de la República el país alcanzaría un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Llegamos al 2021 con la pobreza en aumento (cerca del 30%) luego de haber bajado este flagelo al 20%, con una institucionalidad deteriorada y el presidente Pedro Castillo dedicado a fomentar una asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales. En otras palabras, a promover la destrucción del Estado de derecho, a violentar el respeto a la ley y a violar todos los derechos de propiedad. Todo lo demás es historia conocida.
El Perú tiene todos los recursos y posibilidades para ser una verdadera potencia planetaria: el milagro agroexportador peruano desarrollado en 250,000 hectáreas –y en las últimas dos décadas– ganadas al desierto puede sumar 500,000 hectáreas más. En otras palabras, puede incrementarse en 200%. Por otro lado, si el país concretara todos sus proyectos mineros podría disputar el primer lugar mundial en la producción de cobre. Asimismo, la ubicación y la geografía del Perú le posibilita convertirse en el hub del Pacífico que conecte con el océano Atlántico y el Brasil a través del puerto de Chancay y el desarrollo de Bayóvar y Corío, dos proyectos portuarios de talla mundial, que ningún país vecino puede imaginar. Ni qué decir con respecto a la industria turística y la industria pesquera.
El azar y la providencia parecen haberse confabulado para otorgarle al Perú una ubicación especial en la geografía y enormes recursos y capacidades naturales que empalidecen a cualquier competidor. Sin embargo, para que el Perú se convierta en potencia mundial necesita hacer lo que han hecho todos los países que han alcanzado el desarrollo y se han transformado en protagonistas del planeta. Es decir, el Perú necesita consolidar su Estado de derecho, el respeto a la ley y a los derechos de propiedad. Principios que se convierten en no negociables si es que de alcanzar el desarrollo se trata.
Los recursos naturales nunca crean por sí solos la riqueza de las naciones. Por el contrario, estos recursos sin Estado de derecho solo organizan maldiciones y destrucción de las sociedades. Allí está el ejemplo de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, convertido en una sociedad en escombros y con cerca del 90% de la población en pobreza. Igualmente allí está Bolivia, sumergida en una crisis terminal no obstante su enorme potencial en gas y con uno de los salares de litio más grande del mundo. La falta de Estado de derecho determina que nadie se proponga invertir en esos países. Y si hay recursos e inversión, los partidos únicos, los autócratas, se devoran la riqueza y aplastan las sociedades.
Muy por el contrario, existen países como Japón y Corea del Sur que, no obstante la escasez de recursos naturales, alcanzaron el desarrollo gracias a la consolidación de sus estados de derecho y las reformas educativas y del sistema de salud que posibilitaron desarrollar un capital social, una fuerza laboral, en condiciones de competir en medio de las revoluciones de las tecnologías, las comunicaciones y la digitalización del planeta.
El Perú, pues, tiene todas las posibilidades de convertirse en una potencia planetaria, pero necesita Estado de derecho, respeto a la ley y a los derechos de propiedad, reformas de la educación y la salud; y un Estado sin burocracia, un Estado simplificado, que sirva a la ciudadanía, a la sociedad, y no que que empodere a los burócratas y a la corrupción.
No hay tiempo, pues, que perder.
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