La crisis energética que el Perú no quiso ver

Durante los últimos días se ha instalado en el debate público una explicación  aparentemente simple para la actual crisis de combustibles que vive el Perú: la  ruptura del ducto de Camisea que transporta gas natural desde Cusco hacia la  costa central del país.

La explicación es cómoda, pero incompleta. La ruptura del ducto agravó la situación, sin duda. Sin embargo, la crisis  energética que hoy afecta al país no comenzó allí. En realidad, empezó  semanas antes, cuando Petroperú dejó de importar combustibles líquidos debido  a problemas de liquidez y restricciones financieras. Ese hecho pasó casi desapercibido en el debate público, pero tuvo  consecuencias inmediatas. 

Petroperú abastece aproximadamente el 40% del mercado nacional de  combustibles líquidos y, además, cumple un rol indirecto de estabilización de  precios. Cuando participa activamente en el mercado aumenta la oferta y  contribuye a moderar las alzas. Cuando deja de hacerlo ocurre exactamente lo  contrario. 

La reducción de importaciones significó una disminución abrupta de la oferta en  el mercado mayorista. El resultado fue previsible: los precios comenzaron a subir  y el sistema empezó a tensionarse. Todo esto ocurrió antes de la ruptura del  ducto de Camisea. 

El problema es que el mercado peruano de combustibles es altamente  concentrado. En ausencia de Petroperú, el abastecimiento queda principalmente  en manos de unos pocos operadores privados de gran tamaño. Cuando uno de  los grandes actores desaparece del mercado, el equilibrio se rompe.

Y fue en ese contexto de fragilidad cuando ocurrió el segundo golpe: la ruptura  del sistema de ductos de Camisea. El impacto fue inmediato. En Lima existen entre 350,000 y 400,000 vehículos que utilizan gas natural  vehicular (GNV), en su mayoría taxis y transporte público. Cuando el suministro  se reduce, estos vehículos migran inevitablemente hacia la gasolina,  aumentando de manera súbita la demanda de combustibles líquidos. 

Al mismo tiempo, la interrupción del transporte de líquidos desde Camisea  también afectó la disponibilidad de GLP, generando presiones adicionales sobre  el sistema energético. El resultado fue una tormenta perfecta: menos oferta de combustibles líquidos,  menos gas natural y una demanda súbitamente mayor de gasolina. 

Las consecuencias ya las estamos viendo: colas en estaciones de servicio,  aumento de precios, encarecimiento del transporte y presiones inflacionarias. Pero lo más preocupante es lo que esta crisis revela: la fragilidad estructural  del sistema energético peruano. 

Un país que depende de tan pocos actores para su abastecimiento energético,  y cuya empresa estatal enfrenta recurrentes problemas financieros, es un país  permanentemente expuesto a crisis. Por eso la lección política es clara. El ducto de Camisea agravó el problema. Pero la crisis empezó antes. 

Y mientras el Perú siga ignorando los problemas estructurales de su sistema  energético —desde la gestión de Petroperú hasta la seguridad de su  infraestructura— estas crisis seguirán apareciendo periódicamente. Porque en el Perú las crisis rara vez son accidentales. Casi siempre son problemas que se dejaron crecer demasiado tiempo.