Gobierno cancela exploraciones petroleras

 

Mediante el DS N°011-2018-EM el Ejecutivo ha derogado cinco contratos negociados, que se encontraban listos para ser firmados, y que fueron negociados por la empresa estatal Perupetro S.A. y la petrolera irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú. Esto no obstante que la Contraloría General de la República, por intermedio del Órgano de Control Interno (OCI), convalidó todo lo actuado por esas empresas para obtener las licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en cinco lotes petroleros (Z-64, Z-65, Z-66, Z67 y Z-68) en el mar del norte peruano.

La decisión, una pésima señal enviada por el Perú a los inversionistas mundiales, fue tomada horas después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reuniera con el congresista Roberto Viera y un grupo de sindicalistas pesqueros que constantemente se oponen a las actividades pesqueras industriales. Antes de esa reunión los llamados pesqueros artesanales responsabilizaron de antemano al Gobierno por lo que pueda suceder en los dos días de paro que ellos han convocado en el norte del país. Igualmente, ya habían declarado al primer ministro, César Villanueva, persona non grata. ¿Acaso se viene un golpe contra la pesca industrial?

No es la primera vez que el Gobierno de Martín Vizcarra cede frente a la presión callejera. En Moquegua, por ejemplo, un estudio de la Sunnas establecía la necesidad de sincerar las tarifas de agua potable. Sin embargo, el estudio fue dejado de lado por las amenazas de los llamados “frentes de defensa” locales.

Los contratos con Tullow representan un digno culebrón latinoamericano, con marchas y contramarchas que le restan credibilidad y seriedad al Gobierno de Martín Vizcarra. El pasado 3 de mayo, luego de haberse reunido con un pequeño grupo de pescadores artesanales, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, solicitó 10 días útiles para analizar la situación de los contratos. Una semana después, en el Congreso, el mismísimo contralor de la República, Nelson Schack, confirmó que la Contraloría no había encontrado riesgos en el proceso de explotación de los lotes y que los decretos supremos que autorizan la firma de los contratos cumplieron con la normatividad vigente. Y hace pocos días se anunció la conformación de una mesa multisectorial que abordaría las demandas de los pesqueros.

Obviamente, ante tan inesperada decisión del Ejecutivo, que afecta enormemente a las inversiones y a la estabilidad jurídica nacional, gremios como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) y la Sociedad la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) han manifestado su malestar por la decisión tan desacertada y criticaron la falta de previsibilidad del Gobierno.

Hace tiempo que Perú no es atractivo para las inversiones petroleras. Los procesos de adjudicación de los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z67 y Z-68, que originaron los mencionados decretos supremos, fueron declarados desiertos en el 2013 y 2014 por la falta de postores. Las inversiones petroleras son hostigadas constante por los activistas extremistas, disfrazados de dirigentes indígenas. La situación es crítica a tal extremo que los contratos de exploración son abandonados por la falta de todo tipo de garantías. Por esas razones, y de acuerdo a las normas vigentes, Perupetro realizó negociaciones directas con la petrolera irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú.

Aún cuando la riqueza de hidrocarburos en el subsuelo peruano está comprobada, las inversiones caen por suelos. En 2012 eran de alrededor de US$ 900 millones, mientras que en 2017 son casi de US$ 17 millones. Una situación que obliga a importar hidrocarburos por US$ 5,000 millones. 

El DS ° N 011-2018-EM promulgado por el Gobierno de Vizcarra incorpora un nuevo elemento para las futuras negociaciones: la participación ciudadana de inmediata aplicación en todos los contratos en trámites. Es decir, un pequeño grupo de pescadores artesanales, asesorados por los extremistas antisistema, detiene el derecho de bienestar de todos los peruanos: canon, regalías, renta, fideicomisos, convenios de desarrollo social y económico que dejarán de recibir las comunidades pobres del país.

La llamada “licencia social” es un invento de la izquierda antisistema para crear conflicto y así detener toda inversión privada en los sectores minería, hidrocarburos, pesca, forestales y demás recursos naturales.