Estado fracasa en proveer agua

Una inversión de S/ 24 millones podría terminar en el agua en el distrito de Vítor (Arequipa): los regidores de la localidad han denunciado fallas en la construcción de la planta de agua y desagüe que fue entregada en diciembre pasado. Además de la restricción del servicio de agua, los regidores señalan que la obra presenta visibles grietas en los muros, tuberías colapsadas y, lo peor, la planta no cuenta con un decantador de sedimentos. No se ha construido un “desarenador” como corresponde a este tipo de obras. La planta de Vítor se suma a los cientos de obras abandonadas en el Perú por diversas razones, entre ellas la falta de presupuesto, investigaciones relacionadas sobre actos de corrupción o porque están mal hechas y en procesos judiciales.

El jefe del Gabinete, César Villanueva, ha dicho que el Gobierno planea invertir S/ 180,000 millones hasta el 2021 en proyectos que permitan disminuir la brecha existente en infraestructura nacional. En un arranque de entusiasmo inicial, ha propuesto alcanzar en los próximos tres años una cobertura de acceso al agua del 85% en los sectores rurales y del 100% en los sectores urbanos.

Basta mirar los indicadores para entender la dimensión del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 32.9% de la población —un aproximado de 10.36 millones de personas— no tiene acceso al consumo de agua potable. Un informe de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) señala que la brecha de infraestructura en el sector agua y saneamiento asciende a más US$ 16,000 millones, que 8.7 millones de personas no tienen servicios de alcantarillado y 142 obras de agua y saneamiento (con inversiones por S/ 1,159 millones) están paralizadas por deficiencias en los expedientes técnicos o por la tramitología existente en el Estado, que detiene los proyectos.

La planta de tratamiento de agua y desagüe de Vítor es administrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Y, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1280, la empresa arequipeña de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar), se hace cargo de las JASS. Sedapar, como todas las Empresas Prestadoras de Servicio y Saneamiento (EPS), ha resultado ser un fracaso total, sin capacidad financiera ni técnica para emprender los nuevos proyectos de agua potable y saneamiento que el país necesita. Contribuyentes por Respeto señala que de las 50 EPS que existen en Perú, el 54% deja de facturar más del 40% del agua distribuida y el 51% no trata de ninguna forma las aguas residuales.

El DL N° 1280, que buscaba promover la inversión privada para modernizar la gestión de las EPS, ha sido modificado. Por la Ley N°30672 —aprobada en el Congreso de la República en setiembre pasado, por Fuerza Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú— las Asociaciones Público Privadas (APP) solo podrán invertir en proyectos de tratamiento de aguas residuales, y no en proyectos vinculados a la construcción de plantas y redes de agua potables. Justamente, la modificación sin sentido está en la urgencia del país.

Frente a la ineficiencia de las 50 EPS —13 de ellas intervenidas por ineficiencias, casos de corrupción y colapso financiero (deben a la Sunat y al Fonavi más de S/ 2,000 millones)— al premier Villanueva no le queda otra que acudir al sector privado para cumplir la promesa de sus primeros días de gestión. En Arequipa, por ejemplo, la compañía minera Cerro Verde construyó la planta de tratamiento La Enlozada para procesar el 83% de las aguas servidas de la ciudad y para descontaminar las aguas del río Chili. De las aguas que procesa, el 1% es utilizado por la minera y el 99% beneficia a la población y al agro.

Para el periodo 2015-2020, AFIN estima que se debería invertir US$ 5,653 millones en quince proyectos relacionados a reservorios de agua, ampliación de sistemas de coberturas, redes secundarias y primarias, plantas de tratamiento de aguas residuales y estudios de vulnerabilidad climática. Obras para las regiones Tacna, Puno, Pasco, Junín, Arequipa, Apurímac, Áncash, Amazonas y Lima.

El manejo irresponsable de las EPS no debe continuar. El Estado ha fracasado proveyendo agua. Ya es momento de que la sociedad, en alianza con la inversión privada, resuelva el problema.