Canon minero y candidaturas locales

Un reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que el canon minero destinado a las regiones en el 2018 —que se transfiere antes de julio de cada año— se ha incrementado considerablemente. El monto transferido a las regiones es de S/ 3,158 millones, 70% más que en el año anterior, (S/ 1,863 millones). Como se sabe, el canon representa el 50% del Impuesto a la Renta (IR) que las compañías mineras pagan al fisco por la explotación de los recursos naturales. Las regiones que más canon recibieron en 2018 son Áncash (S/ 1,085 millones), Arequipa (S/ 532 millones) y La Libertad (S/ 259 millones).

El canon minero, el más importante entre los seis tipos de canon existentes en el país (minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero) ha permitido el incremento de los presupuestos de los gobiernos locales donde se desarrollan las actividades mineras. Por ejemplo, de acuerdo al MEM, el desarrollo de la minería en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), ha permitido que, en nueve años (2007-2016), el presupuesto municipal se incremente de S/ 20 millones a unos S/ 180 millones.

Y no solo el canon minero contribuye al desarrollo de las regiones y poblados de influencia directa, sino también los numerosos convenios que, por voluntad propia, firman las mineras con las autoridades correspondientes. Por ejemplo, ante la oposición de los dirigentes antimineros, representantes de la empresa Hudbay Perú y de la Municipalidad Distrital de Chamaca (Cusco) firmaron el Convenio Específico 2017, por el cual la minera aporta libremente al distrito recursos destinados a desarrollar programas ambientales, educativos y de salud, así como proyectos relacionados con las actividades agropecuarias que realizan los comuneros del lugar. Es así que, según el Mapa de pobreza provincial y distrital, entre el 2009 y 2013 la pobreza en la provincia de Chumbivilcas se redujo en 30%.

En este contexto, se estima que el canon se incrementará en los próximos años. Según el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, existen US$ 14,021 millones de inversión en 12 proyectos mineros que se ejecutarán antes de terminar el 2018. Sin embargo, el gasto responsable y transparente del canon no depende de las mineras sino de las autoridades que los pobladores eligen.

Por ejemplo, en Cajamarca importantes proyectos (Galeno, La Granja, Shahuindo, Conga) están bloqueados por el relato falso del movimiento antiminero, liderado por Gregorio Santos, del Movimiento de Afirmación Social (MAS). Por eso, el desarrollo del proyecto Michiquillay (US$ 2,000 millones) en Cajamarca puede marcar un punto de inflexión luego de la paralización de Conga. Cajamarca, con enormes recursos naturales, es una de las regiones más pobres del país por la oposición de sus autoridades a las inversiones mineras.

Para las próximas elecciones, la candidaturas de Porfirio Medina (MAS) al Gobierno Regional de Cajamarca tiene pocas expectativas de triunfo. Disputará la gobernación con otros candidatos afines, que antes fueron sus aliados, entre ellos Jorge Rimarachín (Democracia Directa) y Ramiro Díaz (Frente Amplio). No obstante la fuerza del discurso antiminero, Absalón Vásquez (Podemos Perú) puede triunfar en esos comicios.

El proyecto Tía María es también emblemático. Javier Ísmodes y Mauricio Chang, candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, proponen promover Tía María. Sin embargo, en la provincia de Islay —donde se desarrollará Tía María— seis candidatos a distintos cargos vinculados a la izquierda tienen procesos judiciales por haber participado violentamente en contra del proyecto Tía María. Uno de ellos, Jesús Cornejo, candidato del Frente Amplio, está siendo procesado por extorsión y asociación ilícita para delinquir; junto al archiconocido Pepe Julio Gutiérrez, quien amenazó a la minera Southern (“arderá Troya”) si no recibía sus “lentejas” (dinero).

El buen uso del canon depende de la buena elección de las autoridades por parte de los ciudadanos. Son esas autoridades las que manejarán el presupuestos que debe destinarse a servicios públicos de educación, salud, seguridad y justicia, así como para inversiones en infraestructura productiva. Y no deberían utilizarse en publicidad para hacer resaltar la imagen de la autoridad, ni para organizar campañas antidemocráticas y en contra de las inversiones privadas.