Inseguridad: ¿por dónde empezar?

Se debe tomar por las astas al toro carcelario

No es maduro escudarse en que los altos niveles de inseguridad se han generado por culpa compartida ni es inteligente seguir cometiendo los mismos errores. Solo los tontos insisten en obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo.

Todo funcionario público debería tener claro que se debe a los ciudadanos. Aunque la propaganda es comprensible para mantener niveles de aprobación y cuotas de poder, el funcionario no debe escudarse tras las estadísticas. Menos si estas no reflejan la realidad, como sucede con la estadística oficial del crimen, que contabiliza ingenuamente denuncias. Y se sabe que cada vez se denuncian menos los delitos, por la fundada convicción popular de que será tiempo y dinero tirado a la basura.

Fallan todos los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE), por lo tanto todo cambio en la legislación penal será siempre insuficiente. No hay forma de que un motor de engranajes averiados funcione bien ni con el mejor combustible; hace falta reparar o reemplazar las piezas que no funcionan.

Desde la dictadura militar de los setenta, el Ministerio de Justicia viene siendo pertinaz en el error en materia de penales, la pieza final del aparato defensivo del ciudadano honesto hace agua escandalosamente y sin visos de solución. No somos el único país en el que la corrupción carcelaria aloja las cabezas del crimen organizado. Eso, en lugar de ser otra excusa, debiera servir para aprender de la experiencia ajena, siempre menos costosa que la propia.

Antes que perder el rumbo ideológico, y coquetear con las antípodas ideológicas de las bases electorales reales del presidente (no los cuatro volátiles votos prestados en el tramo final de la campaña pasada), debe tomarse por las astas al toro carcelario e impulsar activamente un funcionamiento más racional para aportar eficazmente a la solución del principal problema en la mente del ciudadano.

Hace rato llegó la hora de retroceder en el camino de la despenalización y reducción de pena, que tan mal resultado ha dado en todo el planeta. No debería existir beneficio alguno para ningún delincuente que haya ejercido violencia o amenaza de violencia para la comisión de un delito. Si no hay sitio por la excesiva cantidad de presos (con y sin condena) por omisión de pago de pensión alimenticia, a reemplazar su carcelería con grilletes electrónicos y trabajo comunitario.

Los condenados por delitos de carácter económico, si son realmente culpables, podrían costear en parte su internamiento en prisiones distintas a las que albergan a los delincuentes violentos (algo que en Brasil se aplica con éxito). Los cabecillas comprobados de bandas violentas deberían ir a prisiones de altura y difícil acceso. Ellos perdieron derecho a la facilidad de ver a sus allegados cuando agredieron el derecho a la seguridad (razón por la que existe el Estado) y la tranquilidad de los ciudadanos honrados.

Las siempre bien financiadas organizaciones defensoras de los derechos de algunos humanos no responden al voto popular. Más que insistir en el bloqueo de comunicaciones, generemos la base legal y la capacidad para la permanente interceptación de las comunicaciones telefónicas de voz y data desde los penales (en EE. UU. es algo permanente en todo edificio federal).

OxI para la construcción de penales, concesión de construcción y gestión carcelaria, convenios de extradición. No hay nada que inventar, solo poner los pies en la tierra.

Dardo López Dolz