¿Doe Run liquidada y vendida como chatarra?

Estándares ambientales absurdos impiden reflotar siderúrgica de La Oroya.

No es noticia de portada pero lo será pronto si no se corrige lo que a simple vista sería la piedra de tropiezo que impide la venta del Centro Metalúrgico La Oroya (CMLO): Las rígidas normas nacionales que establecen que partículas de Dióxido de azufre (SO2) no pueden ser liberados en más de 80 microgramos/m3 (ug/m3). Expertos ya han advertido que dicho Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) estaría diseñado para estancar toda inversión. Parece que al ministro del ambiente, Manuel Pulgar, le encanta la idea de convertirse en zar mundial medioambiental con el retroceso industrial del país.

Aquí no hay antimineros apropiándose descaradamente de los ideales de los pueblos. Aquí hay trabajadores, pobladores de La Oroya y autoridades, expresando su apoyo total a la continuidad de una empresa que podría ser modelo mundial – con una inversión de $800 millones – preservando aire, suelo y agua.

En Junio 2009, Doe Run – dueña del CMLA – paralizó sus operaciones alegando problemas financieros. Con la paralización, el último proyecto ambiental quedó al 55% de ejecución y compromisos con el Estado y proveedores a punto de vencerse. Sin éxito, buscó apoyo del Congreso para que una ley ampliara los plazos para reiniciar sus operaciones y completar compromisos medioambientales. Fue llevada a Indecopi por pagos pendientes a proveedores. Una junta de acreedores -con el Estado como mayor portador de acreencias- decidió su reestructuración, liquidación en marcha, administrador temporal y venta final de activos. Si no hay postores, habrá liquidación inmediata y venta como chatarra.

Un falso ambientalismo desmerece todo lo avanzado. Se dijo que Doe Run es tramposa y sinvergüenza, sin decir que las inversiones en los proyectos PAMA se triplicaron para adecuarlos a las normas vigentes. Se habló de 137 “niños de plomo” denunciando su condición en un juzgado Norteamericano sin decir que el Estado -por contrato-  debió hacerse cargo de los suelos contaminados desde 1921. Ni una palabra del agua Tipo III -sin contaminantes- que ahora se arroja al río Mantaro. Tampoco fue noticia el arranque de los circuitos de Plomo y Zinc sin reportar graves contaminaciones.

Un desencuentro entre acreedores y propietario fue aprovechado por antimineros, anti inversión e ingenuos confundidos, instalando mesas de diálogo e idas y venidas al Congreso discutiendo todo menos lo medular de la situación. Un asunto de finanzas, ingeniería y leyes acabó como bandera político-ambiental.

Perú pierde $500 millones por exportar sólo concentrados y no valor agregado que saldría de la fundición. Ollanta Humala prometió en campaña resolver el caso. Otro ofrecimiento incumplido.

Con la venta de Doe Run los acreedores cobrarán sus deudas y los $800 millones de inversión servirán para modernizar la planta, para trasladar la chimenea y confinar totalmente las operaciones para evitar que contaminantes salgan fuera. Una grandiosa oportunidad para demostrarle al mundo que la ingeniería peruana es capaz de operar una siderúrgica sin daños ambientales, dentro de los límites permisibles.

Chile y China permiten que 250 ug/m3 de SO2 sean liberados. En zonas denominadas ecológicas el rango permisible es 50 ug/m3. Con las condiciones actuales, una exigencia de 80 ug/m3 sería posible después de 14 años, tiempo para modernizar la planta.

No hay postores para la siderúrgica porque el Estado no corrige el IGAC. ¿Liquidación inmediata y venta como chatarra para favorecer a quién?

 

Por: Manuel Gago Medina

22 – Jun – 2015