Desarrollo minero y conflictos sociales

 

Tenemos una cartera de inversión minera de US$ 58,507 millones que se puede ejecutar en los próximos 10 años en 49 proyectos, ya identificados, en 17 regiones del país. De esta cifra, Solo para este año se podrían invertir US$ 10,000 millones en proyectos importantes: Mina Justa por US$ 1,348 millones, Quellaveco por US$ 4,882 millones y la ampliación de Toromocho por US$ 1,300 millones. Si se ejecutan estos proyectos, la tasa de crecimiento de inversión del sector crecerá en 16.4% este año respecto al 2017, siendo la tasa más alta desde el 2011.

¿Qué se requiere entonces para que esta inversión se desarrolle en los plazos previstos? Sencillamente que exista convicción en el Gobierno central y un ambiente político y social propicio para su desarrollo. Sin duda, la conflictividad social continúa siendo el principal obstáculo para echar a andar dichos proyectos. Según la Defensoría del Pueblo, existen actualmente 188 conflictos sociales en el Perú, 136 activos y 52 latentes. Regiones mineras como Áncash, Apurímac y Cusco concentran la mayor cantidad de conflictos.

El reto es enorme. Pero se necesita enfrentarlo con una mirada holística, considerando las preocupaciones y expectativas de los tres actores involucrados en el tema: población, empresa minera y Estado. La mayoría de conflictos en el Perú se produce por ausencia de ciudadanía; es decir, que cada actor involucrado desconoce cuáles son sus principales derechos y deberes frente al otro, lo cual les impide asumir una responsabilidad frente a un proyecto minero que ha sido entregado en concesión. Pero hay también un alto índice de desconfianza y mala comunicación entre ellos.

Esa falta de confianza genera desencuentros, no solo entre las compañías mineras y las poblaciones asentadas alrededor de ellas, sino también entre los diversos niveles del Gobierno central y las autoridades locales, provinciales y distritales. Resulta paradójico por ejemplo que, a pesar de que la empresa minera —la moderna y formal— mantenga altos estándares medioambientales en sus operaciones, la Defensoría nos recuerde que los conflictos socioambientales representan el 67% del total de casos registrados, siendo el sector minero el que registra el mayor porcentaje (64%). Y en el fondo de esta discusión se asienta un profundo desconocimiento (o quizás una falta de reconocimiento) del enorme impacto socioeconómico que genera la actividad minera en el país y en las zonas donde se desarrolla.

Dos datos a considerar. El reciente crecimiento de la economía en 3.93%, el mayor en 14 meses, se debe justamente a la recuperación de la actividad minera e hidrocarburos, que creció 5.24%. Solo el subsector de minería metálica se incrementó en 5.45% gracias a una mayor producción de cobre, zinc, hierro y molibdeno. No hay que olvidar que el Perú es un importante productor mundial de metales y sus exportaciones representan el 60% del total de sus ventas al exterior. Pero, además, ya se sabe que la única manera de que el Gobierno cumpla con su meta de crecimiento de 3,6%, este año y de 4,3% en el 2019, es que saque adelante los proyectos mineros en cartera.

Segundo dato: dos regiones, Cajamarca y Apurímac, concentran el 47.1% de la cartera de proyectos mineros del Perú, por US% 27,562 millones, y justamente ambas regiones registran altos índices de pobreza monetaria, así como la presencia de conflictos sociales que complican la marcha de inversiones. Solo Conga representa una inversión de US$ 4,800 millones.

Por lo tanto, ¿cómo echamos a andar los US$ 58,507 millones sin dejar que los conflictos sociales se conviertan en un obstáculo para alcanzar esa meta? La pregunta, sin duda, no es fácil de responder y requiere de decisión firme y rápida del Gobierno. No basta que el presidente Vizcarra declare que “el Gobierno respalda el desarrollo de proyectos mineros en el país, siempre y cuando sean sostenibles y respeten el medio ambiente”.

De hecho, la minería que ejecutará los proyectos descritos ya integra el tema social y ambiental en sus operaciones, y es sostenible porque reduce consumos de agua, energía. Y además, minimiza el impacto en el suelo, agua y aire, gestionando además planes de desechos y cierres de mina, entre otros.

La solución a la conflictividad minera pasa entonces por tener un abordaje más profundo de aquellos temas que impiden una solución definitiva del problema. Se trata de un abordaje que pasa por redefinir el rol que le toca desemnpeñar a cada actor en el desarrollo minero del país. Se requiere a un Estado más activo en las zonas, cumpliendo un papel promotor y fiscalizador.