La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El corredor vial del sur –en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional– es una zona liberada de la autoridad del Estado, sin Constitución ni leyes. Desde cinco días atrás, cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca han retomado los bloqueos a 100 kilómetros de la operación. Lo más grave de todo: los vehículos particulares sí pueden pasar, pero no los camiones de MMG-Las Bambas que transportan el mineral e insumos para la producción.
De esta manera el desgobierno general del Perú y la renuncia del Ejecutivo a establecer el estado de emergencia en el corredor minero del sur está afectando la producción de MMG-Las Bambas, una de las diez megaminas más grandes del mundo y que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI de la región Apurímac.
Para entender la magnitud del desastre vale señalar que Las Bambas acumula más de 421 días de bloqueos desde el inicio de las operaciones. Cuando el precio de la libra del cobre sobrepasa los US$ 4.80, ¿cómo es posible que Las Bambas padezca este tipo de chantajes? ¿Por qué se pierden tantos recursos para los más pobres?
¿Alguien piensa que se trata de una frase más? De ninguna manera. Según el informe “Impacto económico y social de Las Bambas”, elaborado por Macroconsult, antes de la megamina, la pobreza sobrepasaba el 60% de la población en los 84 distritos de la región Apurímac. Luego de Las Bambas, la pobreza ha pasado a estar por debajo del 40%.
Vale igualmente señalar que, según el informe de Macroconsult, MMG- Las Bambas genera 8,000 puestos de trabajo directos. Asimismo, a nivel nacional, crean más de 75,000 puestos de trabajo inducidos. ¿Cómo entonces el Estado, el Ejecutivo, el Consejo de Ministros –presidido por Mirtha Vásquez– pueden renunciar a establecer el estado de emergencia para proteger una mina de esa magnitud, frente a la violencia de minorías radicales?
Lo peor de todo: el conflicto artificial en Las Bambas ha sido alentado por sectores oficialistas; sobre todo cuando el congresista Guido Belllido estaba al frente de la PCM. El mencionado congresista de Perú Libre alentó a las comunidades de Chumbivilcas a exigir que se les considere como zona de influencia directa de la mina, no obstante que estaban a más de 200 kilómetros de la operación.
Otro de los grandes problemas de la violencia de estas minorías radicalizadas es que reduce las posibilidades de los gobiernos regional y locales de Apurímac de seguir recibiendo mayores recursos. A estas alturas los recursos que aporta Las Bambas se han convertido en una de las principales fuentes de descentralización. Por ejemplo, MMG-Las Bambas paga el 32% por impuesto a la renta y por regalías aporta el 3% de las ventas, una contribución absolutamente voluntaria, acordada entre la empresa y los gobiernos subnacionales.
Según el referido informe de Macroconsult, entre los años 2016 y 2020, MMG-Las Bambas aportó S/ 1,115 millones a los gobiernos regional, locales y a dos universidades. La potencia descentralizadora de la mina, pues, está fuera de discusión.
Por todas estas consideraciones es extremadamente urgente que el Ejecutivo declare el estado de emergencia en el corredor vial del sur. Si no lo hace, el desgobierno y la destrucción nacional avanzarán de manera incontenible.
COMENTARIOS