Vuelve el chantaje al Marañón

La violencia contra las actividades productivas del país no se detiene. El domingo pasado, unas 70 personas pertenecientes a la localidad de Bretaña (distrito de Puinahua, provincia de Requena, región Loreto) tomaron el Lote 95, concesionado a la empresa canadiense Petro Tal. Horas más tarde abandonaron las instalaciones de la petrolera anunciando que volverán el 1 de abril. Precisaron que el acto solo es “una advertencia y una llamado de atención”.

La lógica de este conflicto reproduce la de todos los conflictos en el país: el Estado fracasa en proveer servicios (educación, salud, carreteras) y los radicales anticapitalistas (o simples extorsionadores) buscan manipular el descontento de la población para encauzarlo contra las empresas. Los pobladores de Bretaña reclaman al Estado energía eléctrica, salud, educación y alimentación. Y seudos dirigentes y supuestos “asesores” se aprovechan del fracaso estatal.

La perturbación y destrucción de los activos peruanos no es un “asunto de privados”, como lo sostuvo el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, refiriéndose al conflicto de Las Bambas. El país pierde en divisas, renta, canon y regalías y se afecta a los más pobres del país. El Lote 95 está en prueba. De allí que las operaciones deben ser continuas. Los manifestantes, poniendo en peligro sus vidas y la de los trabajadores, paralizaron todas las máquinas sin importar daños y consecuencias posteriores.

El año pasado, el presidente Vizcarra anunció la inversión de US$ 365 millones de la canadiense Petro Tal en el lote 95. Hasta las últimas pruebas de exploración, la petrolera ya había invertido US$ 310 millones y estaba en condiciones de anunciar la explotación de reservas probadas de 39 millones de barriles de petróleo. Sin embargo la inversión está en peligro por la influencia de esos “asesores” inescrupulosos. José Fachín es uno de ellos. Es asesor de las comunidades de las cinco cuencas de Loreto (ríos Marañón, Tigre, Pastaza, Chambira y Corrientes), está vinculado con las ONG de izquierda, es muy cercano a las autoridades del ministerio del Ambiente y asiduo concurrente de eventos antidesarrollo. Fachín está proponiendo en todas las comunidades que la selva debe estar libre de inversiones en hidrocarburos.

El 18 de marzo pasado, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió al Ministerio del Interior (Mininter) sobre posibles actos de violencia en contra del Oleoducto Norperuano (ONP) e instalaciones petroleras. Antes, el 13 de marzo, en la mesa Minero Energético, con la participación de representantes del viceministerio de Orden Interno, se advirtió sobre lo mismo. Sin embargo, hasta el momento no existe, por parte de las autoridades del Estado, ninguna intención de hacer respetar el orden y la seguridad nacional.

El mal ejemplo está cundiendo en el interior del país. En febrero pasado, con un supuesto “carácter conciliador”, el ex primer ministro César Villanueva, representando al Gobierno de Martín Vizcarra, se rindió ante la criminalidad organizada en el Marañón. Las operaciones en el ONP estuvieron suspendidas por más de 90 días por el sabotaje realizado en el kilometro 193 del oleoducto, y se perdió más de US$90 millones de producción. Con el acuerdo firmado por Villanueva con los dirigentes de la comunidad de Mayuriaga (distrito de Morona, en la provincia de Datem Marañón) los pobladores se encargarán de reparar la tubería que ellos mismos sabotearon. Como se sabe, en el Marañón hay empresas organizadas por los dirigentes en las comunidades, en complicidad con sus “asesores”, que asumen esas reparaciones.