Seis años… y el lado oscuro de la justicia

Hace seis años nos dejó Alan García. Su muerte no solo enlutó a su familia y partidarios, sino que privó al país de un político de polendas, a un estadista y a quien estaba convencido de que su vida, que valía poco para sus infames enemigos, había estado al servicio del país al que quiso mucho y al que ofreció, en su segundo gobierno, el resultado de su habilidad como gobernante y su compromiso con las grandes mayorías.

Fue un sistema corrupto el que lo arrinconó y su partida, en medio de injustas decisiones de la autoridad de turno, lejos de significar el fin de su imagen y presencia, significó el inicio de la memoria de la vida y persona de un gigante que hoy es un símbolo que arrastra hacia la entrega o enfrenta a los traidores. Curiosamente y me felicito que así sea, la memoria y el recuerdo de Alan García se percibe en millones de ciudadanos que hoy, como nunca en las últimas décadas, claman por autoridades con sabiduría, ciencia, pasión y compromiso, puesto todo ello al servicio del país para lograr con eficiencia un futuro diferente.

Esa situación de extrema injusticia y de destrucción concertada desde las más altas esferas del país lo obligaron a solicitar asilo político en el Uruguay, cuyas autoridades de entonces, lejos de honrar los valores democráticos y la tradicional amistad entre ambos países, así como los convenios internacionales existentes, le negaron ese derecho y en ello hay algunas circunstancias que hoy hay que recordar.

Alan García era un ciudadano investigado; no recibió sentencia alguna y no obstante haber muerto hace seis años, sus detractores y enemigos “insisten” en continuar procesos de investigación y búsqueda, búsqueda que los hunde en un pozo vacío de pruebas, pero que les hincha el bolsillo y, aunque no se dan cuenta, les reduce, aún más, su diminuta existencia. Ante la solicitud de asilo, voces disonantes y atrevidas se permitieron emitir juicios subjetivos y sin sustento; se unieron para “invertir” –su quizá mal habido dinero–, para producir videos y elaborar expedientes abultados y, hasta para pagar gastos de viaje para “informar” al presidente del Uruguay, también un pigmeo, sobre la situación judicial de García, que ellos falsa y tendenciosamente habían construido. Siempre me pregunté el porqué de todo ello y ahora comprendo que le tenían miedo: a su grandeza, inteligencia, arraigo popular y capacidad para revertir en beneficio de muchos, errores del pasado.

Alan siempre fue demasiado para esos enanos que pululan por el país, caminan por los pasillos, hacen lobby y convencen a los ignorantes pues pretenden tapar el sol con un dedo y hoy, seis años después, hasta esos enanos quisieran tener un gobernante y un estadista como él lo fue. Claro que no se atreven a expresarlo, pero calladamente lo saben. 

Hoy, el Perú vive una situación política realmente en crisis y esta se agrava por la ilegal conducta de quienes se han atrevido a cruzar la línea de la justicia y la legalidad, para emitir un salvoconducto para Nadine Heredia quien lejos de ser solo una investigada, ha sido sentenciada por delitos comunes y con ello, una vez más, han puesto al Perú al borde del sistema internacional pues de manera flagrante, se han incumplido los procesos y las normas.

Tanto ella como su “cosito” recibieron una sentencia que obligaba a todas las instancias de gobierno a cumplirla y nuestras autoridades se coludieron con el mal para facilitarle un asilo que no le correspondía. ¡Cuánta celeridad hemos visto! Entonces, hoy podemos afirmar que, si la ley no es igual para todos y si no se cumple, estamos ya ante un sistema quebrado que, desde las altas esferas, parece propiciar el caos.

La decisión tomada por Boluarte atenta contra todas las normas internacionales y no son pocas las voces que se han expresado en ese sentido, señalando que nuestra legislación es expresa y clara al respecto; el artículo 6 de la Ley 27840 señala de manera taxativa que NO se puede conceder asilo a una persona que no solo está inculpada, sino con sentencia firme por delitos comunes. Es además curioso, por decir lo menos, que la sentenciada haya optado por recurrir al Brasil, de donde surgieron los más graves atentados económicos contra nuestro país, justo cuando el actual presidente, era también la máxima autoridad durante el periodo de la “pareja presidencial” y por ello, ha sido diligente en enviar un avión para recoger a quien ha delinquido de manera probada. Se cierra un círculo nefasto: se va a donde se origina la incapacidad para andar por la línea recta que la señora Heredia tanto reclamó.

Vendrán los tiempos de girar esta perversa ruleta y tendremos en el Perú a quien delinquió para que cumpla su sentencia acá, en el sistema carcelario al que, de alguna manera, ella ha conducido a su marido y a muchos colaboradores que, tarde o temprano, verán la prisión como el punto final de sus fechorías.

El Perú y los peruanos no merecemos estas artimañas jurídicas y políticas. No requerimos solícitos ayayeros del régimen de turno, máxime cuando se trata de personajes que se reciclan ahora, proviniendo del régimen en cuestión. Necesitamos fortalecer con dignidad la justicia y el cumplimiento de la ley.