¡Un nuevo Gabinete para luchar contra la ola criminal!

El miércoles pasado en el pleno del Congreso se interpeló al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, por el fracaso del Ejecutivo en el desarrollo de una política nacional para contener el desborde criminal que amenaza la vida, la salud y la propiedad de todos los peruanos. Desde cualquier punto de vista la interpelación se justifica e, incluso, una censura no aparece como una medida descabellada porque la emergencia nacional es evidente e incuestionable.

Una censura política del gabinete Adrianzén heriría de gravedad las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; relaciones que, a nuestro entender, deben mantenerse en un buen nivel para garantizar un adecuado proceso de transición hacia las elecciones nacionales y el cambio de gobierno en el 2026. Sin embargo, precisamente para no echar ninguna sombra en contra del proceso electoral, recuperar la autoridad política inexistente y movilizar a las instituciones del Estado de derecho en contra de la ola criminal que afecta a la sociedad es indudable que se necesita un nuevo Consejo de Ministros.

Los ministros en el sistema híbrido entre presidencialismo y parlamentario –que caracteriza a nuestro sistema político– se han concebido no solo para desarrollar las políticas sectoriales, sino también para asumir los costos del, a veces, inevitable desgaste político que implica el desarrollo del sistema democrático.

Y es evidente que la imposibilidad de contener la ola criminal no solo ha erosionado de gravedad la legitimidad del Ejecutivo sino también del Congreso y de todo el sistema institucional en el Perú. La censura del exministro José Santivañez, desde nuestro punto de vista un acto político irreflexivo, forma parte de ese libreto en que los ministros asumen la responsabilidad de los desgastes.

El Ejecutivo, el Congreso, el sistema institucional requiere, pues, reconstruir mínimos principios de autoridad para enfrentar el control territorial que han establecido las organizaciones criminales a través de la extorsión, sobre todo en el transporte público, los pequeños negocios, las bodegas y los mercados populares. Un control territorial que las bandas criminales solo pueden ejercer aplicando penas de muerte –a través del sicariato– a quienes se niegan a pagar los cupos solicitados por las organizaciones criminales.

Hoy, en Lima, se sostiene que el 100% de las rutas del transporte público están sometidas a algún tipo de extorsión e, incluso, en algunas zonas más de una banda criminal comienza a disputar el pago del respectivo cupo.

En este contexto se necesita un nuevo gabinete conformado por personalidades de amplio predicamento nacional para convocar a una gran convergencia del Ejecutivo, el Legislativo, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, los municipios y los serenazgos distritales, la municipalidad de Lima, a todas las empresas y organizaciones vinculadas a la seguridad privada y a una movilización general en contra de la ola criminal.

Por ejemplo, si ahora es posible detectar el origen de todas las llamadas solicitando una extorsión, ¿por qué no hay una colaboración más estrecha entre el sector privado de telefonía y las instituciones del Estado? ¿Acaso han variado los porcentajes de delincuentes detenidos que son liberados por las instituciones de justicia? ¿Qué se está haciendo para enfrentar el déficit de metros cuadrados en las cárceles? Absolver estas preguntas demanda un nuevo gabinete, pero un nuevo Consejo de Ministros con personalidades de amplia convocatoria exige empoderamiento y poder en los ministros. Si alguien cree que se puede seguir nombrando ministros como hasta ahora no habrá nada nuevo bajo el sol.

Hoy no se trata de admitir el fracaso o no del Estado y del gobierno en la contención de la ola criminal; resulta evidente la suma de errores. Si se insiste en ese camino, podría tratarse de un asunto político vinculado a los temas electorales o a las estrategias políticas de poder, pero distante de una voluntad real de contener la ola criminal. 

Hoy se trata de discutir sobre quién tiene autoridad para convocar a todas las instituciones del Estado, de la sociedad y el sector privado, a desarrollar una cruzada en contra de la ola criminal. Y es evidente que ni en el Ejecutivo ni el Legislativo existe esa autoridad necesaria para la situación. De allí la importancia de organizar un nuevo gabinete integrado por personalidades de amplia convocatoria nacional que hayan renunciado a ser protagonistas del próximo proceso electoral.