Vizcarra avanza al choque frontal

El presidente Vizcarra no quiere acuerdos políticos. Su falta de formación republicana y democrática y una errática lectura de la realidad lo llevan a sobrevalorar sus fuerzas e imaginar una victoria en el inevitable choque Ejecutivo-Legislativo que parece avecinarse. Ante la propuesta de Pedro Olaechea, presidente del Congreso, para sostener una reunión a solas, cara a cara, ha respondido con una negativa. 

Ante la solicitud del titular del Congreso, el lunes pasado Vizcarra convocó a Olaechea a la reunión del Consejo de Reforma de Justicia. El titular del Legislativo asistió y hubo unos minutos a solas entre ambos para programar otra junta similar. Sin embargo, ayer lunes volvió a convocar a una junta a Olaechea, con la presencia de los ministros de Justicia y Economía y con una agenda establecida: el proyecto de adelanto de elecciones generales, el Plan Nacional de Infraestructura y el proyecto de ley de Presupuesto para el 2020. En otras palabras, Vizcarra no acepta cumbres a solas, como suele suceder cuando los líderes buscan acuerdos y salidas políticas en circunstancias límites.

Muy por el contrario, mientras el titular del Congreso guardaba prudente silencio luego del encuentro con el jefe de Estado el lunes pasado, Vizcarra se dedicó a agitar a las masas en todas las visitas al interior del país. El mandatario intentaba presentarse como un líder respaldado por las mayorías que gritaban “¡que se vayan todos!” y exigían elecciones generales. Sin embargo, la impresión que causaba era la de un político que no sabe cómo salir del embrollo en que él mismo se ha metido luego de plantear la fórmula del adelanto electoral. Una imagen que se combina, además, con la de un político aterrado frente a los destapes e investigaciones sobre el caso Chinchero.

En tiempos normales —ya no lo estamos evidentemente— la pregunta sería, ¿cómo así el primer magistrado de la Nación se lanza a soliviantar a las masas en contra del Congreso, cuando su principal responsabilidad es hacer cumplir la Constitución? Algo así es impensable en una república con mediana salud. No obstante, jefes de Estado o caudillos que convocan a marchas en contra de las asambleas, de una u otra manera, han sido las constantes de todos los procesos en que emerge un autócrata sobre las instituciones constituidas. Desde Julio César en Roma, pasando por los bolcheviques en la Rusia zarista, hasta nuestros caudillos latinoamericanos. La constante siempre ha sido el caudillo plebiscitario que arremete sobre las asambleas.

En esta aventura los únicos que lo acompañan y lo respaldan son las bancadas comunistas del Frente Amplio, Nuevo Perú y todos los sectores colectivistas y radicales que pretenden convocar una constituyente. Sorprendentemente un sector de la izquierda caviar —relativamente ilustrada— que participó en las administraciones de Toledo, Humala, PPK, Villarán y ahora Vizcarra, también respalda la aventura plebiscitaria del jefe de Estado. Y el mayor argumento que comienzan a plantear es la existencia de una calle, de una mayoría que se movilizará para cerrar el Congreso, y dibujar el caro sueño bolchevique de asaltar el poder sin ganar elecciones.

Sin embargo, el yerro en el análisis es muy grave. Más allá de los números de las encuestadoras y las portadas y reportajes de algunos medios, en el Perú no hay masas alzadas en contra de nadie porque, de una u otra manera, todos empezamos a ser conscientes del fracaso general de la administración Vizcarra. Todos empezamos a conocer que 30 niños mueren por falta de incubadoras y que los hospitales se derrumban, mientras el Ejecutivo envía un proyecto de presupuesto solicitando S/700 millones para las elecciones que el Legislativo ni siquiera ha discutido.

El presidente Vizcarra está aterrado, desesperado y sin brújula. La gente que lo rodea, simplemente, lo está empujando hacia el abismo. A este paso el propio jefe de Estado está organizando su propio camino al Gólgota, al pretender impedir el funcionamiento del Legislativo, ya sea presionando con las masas en la calle o con supuestas cuestiones de confianza, prohibidas expresamente por la Constitución.