¡Violencia inaceptable de transportistas informales!

Ayer los gremios de taxis y colectivos de Lima y Callao desarrollaron un paro de 24 horas exigiendo que el Ejecutivo dicte un Decreto de Urgencia que legalice al llamado “taxi-colectivo”, no obstante que este servicio está prohibido por ley y por los contratos, entre el Estado y diversas empresas privadas, que señalan que el transporte se realiza mediante buses. La presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad Autónoma de Transportes descartó una medida de ese tipo porque quebraría el orden legal de la ciudad.

Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención es la violencia con que los llamados transportistas desarrollaron sus acciones de protestas. Hubo ataques de los “colectiveros” contra la policía en Puente Piedra, la avenida Túpac Amaru, Huaycán, San Juan de Lurigancho, la Panamericana Sur y Villa el Salvador. Además, los buses de los corredores complementarios fueron atacados con piedras. Al cierre de esta edición la policía informaba que se había detenido a 100 vándalos.

¿Qué significado tienen estos hechos si consideramos los estallidos sociales en los países vecinos? ¿Estamos ante un ensayo político que busca una asonada mayor? Estas preguntas son extremadamente válidas si analizamos la simultaneidad de los actos de violencia registrados en los conos de la ciudad que, de una u otra manera, evocan la simultaneidad de los hechos de violencia en Chile antes que se desencadenara el estallido social. Además, la demanda de un Decreto de Urgencia para formalizar a los colectiveros se plantea a sabiendas de la existencia de un Ejecutivo frágil que hoy no cuenta con el paraguas de un Congreso (cerrado inconstitucionalmente) para sancionar leyes. 

Por todas estas razones los peruanos de buena voluntad, que pretendemos recuperar las instituciones republicanas y superar los hechos de facto que se han impuesto, debemos ser lo suficiente discretos para cerrar filas en defensa del orden público y detener estas estrategias violentistas que, al parecer, buscan un estallido social.

Vale señalar que las minorías violentistas, sin posibilidades electorales y sin predicamento social, han focalizado sus estrategias en las zonas mineras con la esperanza de que, a partir de estas áreas, se desencadene una convulsión nacional. Hasta hoy han fracasado, no por méritos del Estado, sino por la resistencia de las mayorías silenciosas ante la estrategia radical. Sin embargo, el intento de “encender la pradera” en Lima con “los taxistas colectiveros” puede ser un nuevo ensayo en busca del apoyo de otros sectores que suelen movilizarse contra “el neoliberalismo”.

En ese contexto los peruanos tenemos que respaldar la respuesta del Estado, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial para restablecer el orden público, el imperio de la Constitución y la ley con objeto de detener estas estrategias violentistas. Si las instituciones del Estado se muestran incapaces de hacer cumplir el ordenamiento legal del país, de una u otra manera, se estará contribuyendo a que otros sectores se sientan empoderados con las estrategias callejeras y los intentos de imponer el lenguaje de las turbas, tal como ha sucedido en Chile, por ejemplo. Igualmente, los políticos y los medios de comunicación deben tener la suficiente madurez para advertir el peligro que se desataría para el Perú de legitimarse una estrategia que desemboque en un estallido social.

El gran problema es que esta amague de violencia en Lima se produce en momentos en que nuestra experiencia republicana sigue sumergida en una guerra y judicialización extrema de la política, que no tiene cuando terminar. ¡Cuidado, pues, con el asalto colectivista!