Editorial Política

¿Un segundo año de polarización y bloqueo institucional?

Perú, ¿el país de las oportunidades perdidas?

¿Un segundo año de polarización y bloqueo institucional?
  • 12 de noviembre del 2017

El precio del cobre —el balón de oxígeno del modelo económico y social del Perú— acumula una subida de 25% en el presente año y más de 40% desde que PPK llegara al poder, y explica el nuevo optimismo para la economía. Las cosas han cambiado con respecto a las inversiones privadas y públicas y se proyecta un crecimiento por encima del 4% para el 2018. Sin embargo, una vez más —como aquellas maldiciones eternas—, la política se convierte en la peor enemiga del gran momento de la República. Un momento ideal para emprender las reformas que el Perú necesita para volver a crecer a tasas altas, continuar reduciendo pobreza y superar la amenaza de la llamada “trampa de ingresos medios”.

Como nos interesa el país y un desenlace constructivo de la actual entrampamiento político, no vamos caer en los humores mayoritarios de la media que pretende cargarle las tintas solo a un sector del país.

En el preciso momento en que el Gabinete Aráoz expresaba un sentido común político saludable, modificaba las políticas de alianzas entre pepekausas, nacionalistas y el universo antifujimorista —expresadas en el Gabinete Zavala— y se abría otros sectores (salud, justicia y educación), se desencadena la posibilidad de un bloqueo institucional de consecuencias impredecibles para la democracia.

La mayoría legislativa acusa constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; los fiscales deciden judicializar de manera preliminar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular como una “banda de crimen organizado”, pero hasta el 2021; se tramita una acusación constitucional contra un sector de magistrados del Tribunal Constitucional por haber violado flagrantemente la cosa juzgada cambiando el voto de un juez constitucional; y los medios de comunicación desarrollan acciones políticas como si se estuviera definiendo una segunda vuelta electoral.

Si queremos renunciar al análisis todo es sencillo, como sostienen los medios antifujimoristas: Fuerza Popular reedita los reflejos autoritarios de los noventa. Pero si aceptamos la posibilidad de que el antifujimorismo, luego de perder posiciones en el Ejecutivo, ha mangoneado en sectores del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, entonces las cosas empiezan a entenderse de otra manera. El fujimorismo está luchando para levantar un veto que existe dentro de la institucionalidad estatal. ¿Cómo se puede investigar a Fuerza Popular por crimen organizado por los cócteles auditados con prolijidad por la ONPE hasta el 2021?

¿Cómo salir de esta especie de bloqueo que amenaza a la propia democracia? Hay momentos en que las élites llegan hasta el límite para reflexionar. Quizá un camino sería que los fiscales no estiren la ley como un chicle y no conviertan investigaciones preliminares contra Fuerza Popular —otra megacomisión Tejada— en una campaña electoral particular hasta el 2021. Y quizá también el fujimorismo debería apuntar correctamente en su estrategia legítima de levantar el veto del antifujimorismo y de la izquierda caviar, y evitar disparar en todas las direcciones, por más razones o sinrazones que existan. Por ejemplo, la mayoría del país puede entender los procesos contra los miembros del TC e, incluso, las reacciones contra una fiscalía politizada. Sin embargo, ¿por qué golpear al Ejecutivo cuando se restablecen las relaciones entre pepekausas y fujimoristas, y cuando la izquierda caviar apunta contra el Gabinete Aráoz por los cambios en educación, salud y justicia?

En medio de esta guerra de todos contra todos, el sentido común debería aflorar por la sencilla razón de que falta algo más de un semestre para que se cumpla el segundo año de la administración PPK. Si el proceso político avanza con la creciente polarización y el bloqueo institucional en desarrollo, entonces, empezaremos a hablar de otro quinquenio perdido. Un periodo de Gobierno sin reformas económicas y sociales por el entrampamiento político es una forma de servirle la mesa al antisistema, una manera frívola de desperdiciar la bendición del cobre para la economía y los pobres del Perú.

  • 12 de noviembre del 2017

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