¿Un nuevo conservadurismo?

Reflexiones sobre una visión neo-conservadora de la informalidad en el Perú

La desaceleración de la economía ha resucitado el debate del espinoso y ya casi perpetuo asunto de la informalidad. Sin embargo, en este tema, a diferencia de los consensos que existían en los noventa, han empezado a resurgir opiniones que creíamos superadas.

El debate de la informalidad regresa con fuerza porque solo uno de cuatro trabajadores tiene protección de la ley. El INEI señala que la economía informal genera el 19% del PBI, pero otros estudios señalan alrededor del 40%. En Macroconsult se calcula que, si se mantiene la legislación laboral, recién en el 2064 se podría eliminar la informalidad.

En el Perú todos quieren evitar los trámites ante la floresta de sobrerregulaciones, pero algunos pueden y otros no. Las grandes empresas quisieran eludir la tramitología para empezar cuanto antes sus inversiones, pero es imposible. El propio Estado elude su ley de contrataciones y convoca entidades privadas para licitar. En este contexto, solo los pequeños se refugian en la informalidad para sobrevivir.

En los noventa, en el Perú se creó un consenso: las causas de la informalidad estaban en la ley, es decir, en las normas que organizaban la institucionalidad del viejo Estado. Se avanzaron en audaces reformas que se abandonaron con el retorno de la democracia. Hoy la informalidad está de regreso con mayúsculas y minúsculas y la desaceleración nos recuerda que no se recuperará un ritmo de crecimiento sostenido sin enfrentar el problema. Pero lo curioso es la restauración de un pensamiento conservador sobre el tema.

Ante la persistencia de la informalidad en medio del crecimiento, algunos sociólogos hablan de un “problema de idiosincrasia”. ¿Qué se pretende decir con semejante afirmación? ¿Qué es un problema cultural? ¿El pensamiento reaccionario de Huntington en Choque de civilizaciones? ¿Nuestros informales son una especie de bárbaros que se niegan a aceptar la ley occidental? O, ¿se está proponiendo una cruzada civilizadora contra estos problemas de idiosincrasia? ¡Por favor, se necesita precisión inmediata!

Otra interpretación vincula peligrosamente las economías delictivas con la informalidad. De pronto, el narcotráfico, la tala ilegal y otras lacras sociales germinan en la extralegalidad del país. El hombre que se levanta a las cinco de la mañana y se acuesta a la medianoche sin poder pagar los costos de transacción que le impone el viejo Estado se convierte en la fuente de la economía ilegal. ¡Vaya!

Si a inicios de los noventa derrotamos a Sendero Luminoso y al narcotráfico no obstante que ambos controlaban una tercera parte del país, ¿no se debe más bien a que los pobres optaron por hacer empresa informal antes que enrolarse en el terror? La economía sigue creciendo porque sepultamos al Estado empresario y porque islas de excelencia estatal funcionan (BCR, MEF, por ejemplo), mientras la política y las demás instituciones fracasan en todo, en absolutamente todo. ¿Por qué las economías ilegales no toman el país ante la ausencia del Estado? ¿No será porque la sociedad informal es la mejor barrera ante el avance del delito?

Si los nuevos conservadores creen que las causas de la informalidad no están en la ley sino en otras quimeras, entonces, proponen mano dura, el viejo látigo oligárquico sobre el mundo andino, quizá sin ser demasiado conscientes.

Si las causas de la informalidad están en la ley, es claro que debemos reformar las normas y avanzar a  crear un contrato social en el que los informales puedan asumir los costos de transacción del Estado y  recibir de éste seguridad y justicia. De una u otra manera, comienza a gestarse una reacción en ese sentido. El consenso para reducir los costos del sistema tributario y de las leyes laborales nos indican que el Perú vuelve a recordar las fortalezas que le permitieron emerger en las últimas décadas.