Análisis del viaje de la presidente Fujimori a El Salvador

La visita de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, programada para el 29 de octubre, puede convertirse en mucho más que una fotografía diplomática. El encuentro con Nayib Bukele tendrá como uno de sus ejes la seguridad ciudadana y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Para el Perú, que enfrenta el avance del sicariato, la extorsión y las economías ilegales, la experiencia salvadoreña constituye un caso que merece ser estudiado con atención: no para copiarla mecánicamente, sino para identificar qué políticas podrían adaptarse a nuestra realidad.

Las diferencias entre ambos países son evidentes. El Perú tiene un territorio mucho mayor, una estructura social y económica más compleja y una criminalidad vinculada a actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Además, el debate sobre seguridad debe desarrollarse dentro de las instituciones del Estado de derecho. Precisamente por eso, la pregunta no debería ser si el Perú puede convertirse en El Salvador, sino qué puede aprender de un país que consiguió modificar radicalmente sus niveles de violencia.

Cuando Bukele asumió en 2019, El Salvador registraba 2,398 homicidios y una tasa de 38 por cada 100,000 habitantes. En 2024 se registraron oficialmente 114 homicidios, equivalentes a una tasa de 1.9, y en 2025 fueron 82, con una tasa de 1.3. Estas cifras han sido objeto de cuestionamientos por la metodología y por la transparencia de las estadísticas, pero incluso tomando en cuenta esas reservas, la magnitud de la reducción es extraordinaria.

El contraste con el Perú resulta preocupante. El informe del Comité Estadístico de la Criminalidad situó la tasa de homicidios peruana de 2025 en 10.7 por cada 100,000 habitantes, mientras que las denuncias por extorsión alcanzaron 26,585 casos, frente a 3,865 en 2019. El problema ya no es una percepción subjetiva de inseguridad: es una amenaza que afecta a transportistas, comerciantes, empresarios y familias y que, en determinadas zonas, compromete la capacidad del Estado para controlar el territorio.

Una de las experiencias que el Perú debería estudiar es la estrategia de control territorial desarrollada por El Salvador, combinando despliegue policial y militar, inteligencia y operaciones contra las estructuras criminales. La pregunta para Lima es cómo adaptar ese principio a un país donde las organizaciones delictivas presentan una enorme diversidad y donde las economías ilegales se extienden desde la minería ilegal hasta el narcotráfico.

Eso supone contar con mapas criminales actualizados, unidades especializadas contra la extorsión, control efectivo de puertos y fronteras y operaciones coordinadas en Lima, Callao, La Libertad y otros territorios críticos. Los estados de emergencia, por sí solos, no resuelven el problema si, una vez retiradas las fuerzas del orden, las organizaciones criminales recuperan el control.

La segunda lección está en las cárceles. Una política de seguridad pierde buena parte de su eficacia si los penales continúan funcionando como centros de coordinación criminal. El Perú necesita bloquear las comunicaciones ilegales, clasificar a los internos según su peligrosidad, aislar a los cabecillas y fortalecer los penales de máxima seguridad mediante tecnología, disciplina y personal especializado. A ello deben sumarse inteligencia financiera, fiscalías especializadas y mecanismos eficaces para perseguir y decomisar los bienes de las organizaciones criminales.

Pero la experiencia salvadoreña también exige mirar más allá de los homicidios. El Banco Mundial señala que la economía salvadoreña creció 3.9% en 2025, que la inversión privada aumentó 26.2% y que la construcción creció más de 20%, en un contexto de mejores condiciones de seguridad y remesas récord. Al mismo tiempo, la pobreza se estimó en 28.4% y la deuda pública permaneció elevada, en 90.7% del PBI. La reducción de la violencia, por tanto, no elimina automáticamente los problemas de empleo, educación, productividad, pobreza o sostenibilidad fiscal.

Existe además una discusión que el Perú no puede ignorar. El régimen de excepción salvadoreño ha permitido una reducción extraordinaria de la violencia, pero también ha sido cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales debido a detenciones arbitrarias y problemas relacionados con el debido proceso. Por eso, la lección no debería consistir en reemplazar la ley por la arbitrariedad.

Un Estado puede y debe utilizar con firmeza las facultades que le otorga la Constitución para enfrentar organizaciones criminales, pero necesita investigación policial, fiscales capaces, jueces protegidos, controles institucionales y objetivos verificables. La seguridad y el Estado de derecho no tienen por qué ser conceptos contradictorios.

La visita de Fujimori tendrá verdadero sentido si produce cooperación concreta: intercambio permanente de inteligencia, capacitación policial y penitenciaria, transferencia tecnológica y conocimiento sobre control territorial y administración de cárceles. El Perú no necesita importar eslóganes ni reproducir el CECOT. Necesita estudiar qué funcionó, qué costos tuvo y qué elementos pueden adaptarse a nuestra propia realidad.

La experiencia salvadoreña plantea una idea elemental que el Perú no puede seguir postergando: el territorio debe estar bajo autoridad del Estado y protegido para el ciudadano honrado, no bajo el control de las organizaciones criminales. La visita del 29 de octubre debería servir precisamente para aprender cómo recuperar ese principio dentro de las instituciones peruanas.