Las consecuencias de la negativa a delegar facultades al Ejecutivo

La negativa de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú,  a otorgar al Ejecutivo facultades legislativas para legislar por 120 días –ratificando las decisiones de siete comisiones de la misma asamblea legislativa– revela que una rama del Legislativo bicameral ha decidido avanzar por el camino de la confrontación política, evitando cualquier forma de entendimiento. Uno de los hechos que más sorprende es que los parlamentarios de Ahora Nación, de Obras y del Partido del Buen Gobierno hasta ahora no han podido desarrollar una lógica alternativa a la estrategia de polarización y confrontación de Juntos por el Perú.

La idea del centro y del diálogo que levantó Jorge Nieto para el electorado limeño hoy aparece como un simple gambito de la política tradicional.

En este preocupante escenario luego de dos meses de instalada la nueva administración, incuestionablemente, existe una cuota de responsabilidad del Gabinete Galarreta que, en contra de muchas aproximaciones, no ha tenido la cintura política para convocar el concurso de las bancadas. Sin embargo, en política la confrontación no se suele explicar por el yerro de uno de los sectores, sino por la convergencia de dos voluntades. En el caso de la izquierda, incluidos los sectores del llamado centro, al parecer, existe una voluntad de prolongar la polarización y el enfrentamiento que han caracterizado la política en la última década y las últimas dos elecciones nacionales.

En este contexto, por primera vez luego de su elección, la presidente Fujimori ha señalado que “están poniendo a prueba su paciencia” y agregó que el Ejecutivo ha mantenido una paciencia democrática y una actitud republicana, pero añadió que el país no puede esperar las noticias de la Comisión de Constitución de la cámara baja.

Luego de las declaraciones de la jefe de Estado quedó en claro que se avecina una colisión de poderes inevitable. Si bien la mandataria, en todo momento, dejó en claro que cualquier procedimiento en la actual crisis constitucional se desarrollaría dentro de los marcos del Estado de derecho y la Constitución es incuestionable que se avecina un choque de poderes.

Quizá los peruanos de buena voluntad imaginaban que las cosas podían ser diferentes, sobre todo considerando las emergencias que desata el desarrollo del fenómeno de El Niño y de una cruenta ola criminal que afecta a pobres y ricos de la sociedad. Sin embargo, se ha olvidado la naturaleza de las izquierdas radicales agrupadas en Juntos por el Perú que alcanzaron la mayoría parlamentaria (sobre todo las del Movadef y del etnocacerismo antaurista) proponiéndose el camino revolucionario de la instalación de una asamblea constituyente. Semejantes sectores el único programa que sostienen es el fracaso del nuevo gobierno y la profundización de la crisis; imaginan un adelanto electoral y, en ese contexto, sueñan con pescar la posibilidad de una constituyente.

Es evidente que la estrategia del radicalismo en el Legislativo se aclara para toda la sociedad y los sectores políticos de buena voluntad. En ese sentido, la Constitución y el Estado de derecho establecen los mecanismos constitucionales y políticos para tramitar la crisis a través de las cuestiones de confianza y la respectiva disolución de la cámara que pretende convertirse en un soviet revolucionario. Es evidente que el Ejecutivo no aceptará pasivamente su arrinconamiento y derrota sobre la base de la estrategia de obstrucción del Legislativo.

Sin embargo, en el Ejecutivo se debe recordar que el Perú sigue siendo un país presidencialista y que la mejor forma de derrotar el obstruccionismo parlamentario del radicalismo es avanzando en la solución de los problemas de la gobernabilidad y la emergencia. En ese contexto, el Ejecutivo tiene el mecanismo de los decretos de urgencia y una serie de prerrogativas constitucionales y legales que le posibilitarán presentar a la sociedad un Ejecutivo focalizado en la atención de la emergencia de El Niño y la ola criminal, mientras ante los ojos ciudadanos se desvela una cámara de  Diputados obstruccionista que se convierte en una asamblea de agitación y propaganda revolucionaria.