Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
Una de las preguntas que se formula la ciudadanía es qué va a suceder un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al eventual ganador de las elecciones sin haber procedido a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales. ¿Amainará el rechazo nacional en contra de las irregularidades electorales denunciadas? ¿O, por el contrario, el Perú avanzará hacia una confrontación sin precedentes en las últimas décadas?
No solo se trata de que más de la mitad del país cuestiona la decisión del JNE de negarse a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, sino que la abrumadora mayoría del país –subrayamos la palabra abrumadora– no está dispuesta a aceptar el camino de la asamblea constituyente y la colectivización de la economía que propone Perú Libre, porque pretende subvertir las bases constitucionales, económicas y sociales del actual proceso de construcción republicana.
Hasta hoy el candidato Pedro Castillo no ha deslindado del programa de Perú Libre ni de las corrientes comunistas y procubanas que se mueven en su entorno. El llamado a Julio Velarde a permanecer en el Banco Central de Reserva solo fue un fuego de artificio porque horas después ratificó la convocatoria a una constituyente, incluso conformada por soviets; es decir, por organizaciones sociales representadas al margen del sufragio universal.
En este contexto, vale preguntarse, ¿cómo así la sociedad peruana integrada por una mayoría de clases medias –a pesar del terrible manejo de la pandemia y el desmadre económico nacional– va a aceptar a una administración con graves cuestionamientos de legitimidad de origen, que se propone una política de expropiaciones y relativización de la propiedad privada? No parece posible porque, además, un proyecto de este tipo solo puede desarrollarse a través de un golpe de Estado que pisotee la Constitución.
Este legítimo temor de la abrumadora mayoría del país no ha sido despejado por el llamado sector caviar ni por Pedro Francke, el aparente vocero económico de una posible administración de Castillo, todos ellos a favor también de la convocatoria de una constituyente.
Algo más. Los silencios de Castillo con respecto a la presencia de Perú Libre en una eventual administración dejan entrever que las proclamas caviares acerca de una morigeración del profesor de Chota hacia posiciones de centro son, en realidad, buenos deseos o yerros de la conocida soberbia limeña, que minimiza las capacidades del candidato presidencial.
Por estas razones parece inevitable que una eventual proclamación del ganador de parte del JNE, en realidad, inicie un nuevo capítulo de la confrontación nacional, en el que todas las instituciones se tensarán hasta el límite: desde el propio Ejecutivo, pasando por Congreso, el Tribunal Constitucional y las instituciones del sistema de justicia.
De allí que no se pueda descartar que las impresionantes movilizaciones de las últimas semanas –que exigen que las autoridades electorales contrasten las actas cuestionadas con los padrones, el respeto al voto y otras demandas de transparencia electoral– simplemente se intensifiquen con la eventual proclamación del ganador de las elecciones.
El Perú entonces parece asistir a un nuevo capítulo de la guerra política que, desde varios lustros atrás, ha deteriorado las instituciones republicanas, ha envilecido la política, ha comenzado a paralizar y destruir los avances económicos y sociales, y ha llevado muy cerca del poder a uno de los núcleos marxistas más ortodoxos del planeta.
Por todas estas consideraciones, solo una extraordinaria reacción nacional de las mayorías puede evitar que el Perú se enrumbe por la noche autoritaria y colectivista, y logre preservar las libertades políticas y económicas que, más allá de los fracasos del Estado, han estado vigentes en el Perú en las últimas décadas.
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