Triste: ¡Un defensor en campaña!

Con el pronunciamiento en contra del indulto otorgado al expresidente Fujimori, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, parece haber iniciado su campaña electoral hacia el 2021. Pero lo ha hecho de una manera irresponsable: utilizando una institución tutelar de la República para ganar algunas portadas, ubicarse en el espacio turbulento del antifujimorismo y conseguir notoriedad unos días antes del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el polémico tema.

La argumentación de la Defensoría se basa en que se le negó el expediente médico que justifica el indulto humanitario otorgado. Por su parte, el Ministerio de Justicia (Minjus) ha respondido que no se permitió el acceso al mencionado expediente porque está resguardado por el derecho a la intimidad. Gutiérrez también reconoce que, en cuanto al indulto, “si bien el presidente de la República tiene la máxima discrecionalidad para su otorgamiento, al mismo tiempo no puede dejar de cumplir los parámetros legales”. Máxima discrecionalidad según la Carta Política, pero parámetros legales que pueden inviabilizar el ejercicio de la gracia presidencial. Suena a un verdadero oxímoron.

Desde cualquier punto de vista, la Defensoría ha cometido un gravísimo error porque solo hubiese bastado esperar la lectura del expediente para pronunciarse con conocimiento de causa. Sin embargo la premura por la foto impulsó al defensor a asumir una conducta que, desde el punto de vista de este portal, representa una enorme irresponsabilidad por el delicado momento político de la República y porque para ese acto se utiliza a una institución tutelar de la República.

Para comprender la magnitud del error de Gutiérrez quizá vale recordar la gravedad de la crisis de gobernabilidad. El mencionado indulto se otorgó para evitar una vacancia presidencial, pero la gracia constitucional en vez de organizar la gobernabilidad ha debilitado en extremo al Ejecutivo. En este contexto, un Ejecutivo extremadamente frágil y una oposición amplia en el Congreso desatan enormes interrogantes sobre la gobernabilidad. En este contexto, ¿qué sucede cuando las instituciones tutelares de la República y organismos internacionales como la CIDH juegan a la política? O quizá la pregunta debería ser, ¿qué pasaría si se revierte un indulto presidencial? Pandemonio sería el término correcto para calificar una eventual situación de ese tipo.

De allí que todas las fuerzas democráticas del Perú deberían cerrar filas en contra de conductas como la de Gutiérrez y de posibles pronunciamientos anticonstitucionales como el de la CIDH, hoy controlada de manera descarada por sectores de la izquierda latinoamericana.

Desde el punto de vista jurídico no hay argumento válido para revertir una gracia que el presidente Kuczynski ejerció bajo la amplia discrecionalidad que le reconoce la Constitución. Aceptar otro camino sería desconocer que en el Perú existen poderes que emanan de la soberanía popular, y someterse a “un gobierno blanco” de instituciones internacionales que no tienen una pizca de soberanía. En todo caso, el debate está abierto y debe ser desarrollado.

Pero lo lamentable de esta situación es que el Perú tiene un defensor del Pueblo en una casi frenética campaña electoral. Hoy el hombre se ha ganado un lugar en el universo antifujimorista y suele colocarse en las olas mediáticas, tales como los casos de Pura Vida y otros con una clara orientación antiempresarial. Sin embargo los hospitales del Perú son verdaderos escenarios de violaciones diarias de Derechos Humanos y nuestra Defensoría dice muy poco, porque el asunto no es tan mediático.

El Estado peruano, ya sea nivel de los ministerios, regiones y gobiernos locales, está plagados de trámites y sobrerregulaciones que son violaciones de Derechos Humanos, que niegan derechos a la salud, al bienestar y la propiedad. Sin embargo la Defensoría no dice mucho sobre el tema, porque no existe tanto impacto mediático. En todo caso, estamos notificados: tenemos un defensor en plena calistenia electoral.