Transparencia para actividades de las ONG

En setiembre pasado, el congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, presentó el proyecto de Ley Nº 3332/2018-CR, ley que autorizaría a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), a crear una Intendencia Nacional para el Control, Supervisión y Fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro.

La Intendencia Nacional que propone Tubino deberá informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las actividades sospechosas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de sus directivos y asociados. Al respecto, según Tania Quispe, ex jefa de la Sunat, en el Perú existían más de 50,000 asociaciones favorecidas con exoneraciones tributarias que no cumplían con sus fines de creación. Señala incluso que los directivos lucraban con las actividades que realizaban y que no generan ningún resultado positivo para el país.

En este contexto, la población tiene el derecho de saber quiénes en Perú, por ejemplo, financian los bloqueos de las carreteras, las campañas de etiquetado de los productos alimenticios, las movilizaciones en contra los peajes en las carreteras y todo el ambiente antimercado y antiempresa que se genera en el país por distintos medios y formas. ¿Acaso existe la participación de ONG que deliberadamente desvían fondos y realizan actividades que no les corresponde?

En innumerables oportunidades se ha informado que las ONG vinculadas al medioambiente y el ecologismo internacional propician en Perú escenarios adversos para la economía del país. Las ONG ideológicamente vinculadas al marxismo del siglo XXI se oponen abiertamente a las actividades productivas de los sectores minería, hidrocarburos, pesca e incluso de reforestación. Bajo la fachada ambientalista, están detrás de las protestas públicas violentas. Estas ONG auspician publicaciones y libros como Estado Tóxico, publicado por Amnistía Internacional (AI), cuyo objetivo es internacionalizar lo que denominan la “problemática minera peruana”. En Amnistía Internacional, sin verificar informaciones, se miente deliberadamente acerca de que las aguas del país están contaminadas por las actividades mineras. Igualmente, el portal Ojo Público (OP) fue desmentido por la Dirección Regional de Salud del Cusco, por presentar un informe falso sobre agua potable contaminada en la provincia de Espinar (Cusco). AI y OP no han podido disfrazar el verdadero propósito de sus publicaciones antimineras.

Cooperacción, Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Red Muqui, Amnistía Internacional y Grufides, junto a otras organizaciones (entre ellas las de defensa del consumidor), se han puesto la camiseta antidesarrollo en el país.

Para crear consenso en los sectores influyentes del país, el círculo de ONG organiza constantemente eventos académicos en universidades como la Católica, en Lima. En las provincias realizan seminarios y actividades educativas vinculadas con las comunicaciones. Entrenan a los periodistas de los medios para “unificar criterios” respecto a la supuesta contaminación provocada por las actividades extractivas (pesca, minería, hidrocarburos, tala). Todas estas actividades, organizadas por las ONG ideológicas, tienen un propósito claramente político. Los fondos que reciben son utilizados para la promoción de campañas abiertamente en contra de la economía y el desarrollo nacional.

Con la propuesta del congresista Tubino se podrá saber sobre los incrementos patrimoniales no justificados y posibles operaciones sospechosas vinculadas a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de drogas y otros. Con la creación de la Intendencia Nacional se podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones y de los beneficios tributarios de las ONG y de sus asociados, incluso de las organizaciones de cooperación técnica internacional. El objetivo de Tubino es también identificar la evasión de impuestos, el mal uso de los beneficios y la comisión de delitos de defraudación tributaria en general de las ONG y otras organizaciones internacionales.

Las leyes peruanas establecen que las ONG y la cooperación internacional están obligadas a publicar el contenido de sus actividades y los gastos que realizan. No obstante, en la práctica, esto no estaría ocurriendo; o en todo caso, el contenido y los gastos de sus reportes no corresponderían a la realidad. En este contexto, la iniciativa del congresista Tubino pretende fortalecer la transparencia de las actividades de todas las organizaciones “sin fines de lucro” que realizan operaciones en el país, y que cumpla con los fines para los que fueron creadas.