¡Todo el Perú con la Policía Nacional del Perú!

Las escenas que contemplamos durante la marcha del 15 de octubre en la movilización de la llamada generación Z –que, abiertamente, promovieron el progresismo, las izquierdas y algunos medios de comunicación– realmente son dantescas con respecto a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como ya todos sabemos y como ya todos hemos visto –a través de las grabaciones de las cámaras de la televisión de la Municipalidad de Lima– una movilización de alrededor de 5,000 ciudadanos pacíficos fue violentada por vanguardias de alrededor de 200 vándalos. En el Parque Universitario estas escuadras, organizadas, financiadas y pertrechadas –como cualquier milicia en el sentido clásico– intentaron asesinar a los efectivos de la PNP que pretendían mantener el orden. Utilizaron ladrillos partidos por la mitad con objeto de reventar los cascos de los efectivos, lanzaron gasolina buscando quemar a los PNP y emplearon todo tipo de fuegos artificiales. En otras palabras, utilizaron armas letales en contra de una policía que avanzó desarmada para controlar el orden. ¿Qué había sucedido?

Estos hechos brutales dejaron alrededor de 90 efectivos y cerca de 20 civiles heridos, algunos de gravedad. La lamentable muerte de Eduardo Ruiz Sáenz por el suboficial Luis Magallanes cuando una turba perseguía a un grupo de policías con el objeto de herirlos de gravedad es la noticia que ocultó una de las masacres más espantosas de la PNP.

¿Por qué la policía avanzó inerme ante un grupo de vándalos que pretendían asesinarlos? Esa es la interrogante. ¿Por qué el comando policial y el gobierno de José Jerí permitieron una situación de este tipo? La primera respuesta es la ideología sobre la seguridad pública acerca del “uso desproporcionado de la fuerza” que han impuesto las izquierdas, el progresismo y las organizaciones de Derechos Humanos en Europa y la mayoría de los países hispanoamericanos. ¿Qué significa el concepto de uso desproporcionado de la fuerza? Por ejemplo, ¿si un delincuente pretende destrozarle el cráneo a un policía, entonces, el PNP también debería defenderse con un ladrillo para que exista proporción? El concepto es tan gaseoso que –bajo esta teoría desarrollada por el progresismo–, por ejemplo, se ha judicializado a más de 200 efectivos de las fuerzas armadas y de la policía nacional que defendieron el Estado de derecho luego del golpe fallido de Castillo. En ese entonces virtuales milicias pretendieron quemar aeropuertos y bloquear carreteras nacionales. El objetivo: quebrar la economía y la moral nacional para imponer una asamblea constituyente.

Las fuerzas de seguridad en un Estado de derecho tienen el monopolio de la violencia, concentran el uso constitucional de la fuerza pública en defensa de la Constitución y la ley y, sobre todo, en momentos extremos, en defensa de la vida. De allí que los PNP tienen el pleno derecho de abatir a un sicario que está a punto de matar a un ciudadano o intenta secuestrar a un grupo de personas. Es el principio de la legítima defensa de la sociedad. Sin embargo, ¿por qué el PNP tiene que dejarse asesinar por un vándalo que intenta reventarle el cráneo o por un vándalo apoyado por las izquierdas? ¿Acaso el PNP está despojado del sagrado derecho a la legítima defensa?

Algo está demasiado mal. Y lo paradójico de todo es que las protestas del 15 fueron convocadas ante la incapacidad del gobierno anterior de Dina Boluarte de contener a la ola criminal. ¿Cómo así se va a detener el avance del crimen si se masacra y se judicializa a los efectivos de la PNP? Imposible.

Es evidente que estamos ante una estrategia de poder de los grupos antisistema que, a través de las oenegés de Derechos Humanos y mediante teorías alambicadas del progresismo, pretenden neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad, tal como sucede en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. ¡A reaccionar, pues!