Tía María: ¡todo el peso de la ley para los violentistas!

El Ministerio Público acusa a agitadores antimineros

Desde este portal sostenemos que ningún peruano está por encima de la ley, y que quien la incumpla debe tener todo el castigo por parte de las instituciones que administran justicia. De allí que aplaudamos la decisión del Ministerio Público en Arequipa de pedir al Poder Judicial un máximo de siete años de prisión para ocho personas acusadas de organizar las violentas jornadas de protesta contra la ejecución del proyecto minero Tía María en la provincia de Islay en Arequipa.Vale recordar que en abril del 2015 se suscitaron violentas protestas organizadas por un sector del movimiento antiminero contra Tía María, un proyecto minero de cobre cuyo costo de inversión equivale a alrededor de US$ 1,600 millones.

Aquellas protestas del 7 de abril del 2015, organizadas e instigadas por el radicalismo antiminero, dejaron alrededor cuatro muertos, numerosos heridos y cuantiosos daños a la propiedad pública y privada. A ello debemos añadir que el movimiento antiminero logró paralizar la ejecución del proyecto Tía María, cuyos beneficios habrían sido de suma importancia para la economía regional. ¿Quién o quiénes se hicieron responsables de tamaño desastre? Ahora sabemos sus nombres porque el Ministerio Público acusa a trece personas: Sonia Luna Apaza, Miguel Aguirre, Jacinto Charca, Hugo Humpiri, Edwin Márquez, Carlos Mamani, Segundo Morales, Cipriano Muñoico, Hugo Palomino, Natividad Quispe, Edmundo Rojas, Arsenio Vilca y Edgar Vilca. Ellos serían directamente responsables del caos que se produjo en la provincia de Islay entre marzo y abril del 2015. El Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes de que estas personas son las responsables de las violentas protestas, y ha pedido una reparación civil en favor del Estado por S/ 195,000.

No obstante a la buena actitud del Ministerio Público para esclarecer los hechos y encontrar responsabilidades, la otra cara de la moneda es lo que ocurre con respecto al proceso investigatorio que se le sigue a Pepe Julio Gutiérrez, uno de los líderes principales del movimiento antiminero en Arequipa. Como se sabe, Gutiérrez es investigado por el Ministerio Público por el delito de extorsión en agravio de la minera Southern, por exigir “lentejas”a cambio de terminar las protestas contra el proyecto Tía María. En octubre del 2015, La magistrada Alejandra Cárdenas, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Arequipa, acusó a los integrantes del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo (FADVT) de conformar “una organización criminal para extorsionar” al Estado y a la empresa Southern.

Pues bien, la magistrada en mención ha solicitado que este proceso continúe en la ciudad de Lima, porque estarían amenazándola de muerte. Según la magistrada, desde que empezó a investigar a Pepe Julio Gutiérrez existen sobrados indicios de que podrían atentar contra su seguridad. Sin embargo, la defensa de Gutiérrez ha negado que estén amenazando a la magistrada. Por el contrario el abogado de Gutiérrez asegura que la magistrada tiene sentimientos de odio hacia su defendido. ¡Tamaña desfachatez!

Desde este portal estaremos atentos a las amenazas a los fiscales que están detrás de las investigaciones contra los líderes del movimiento antiminero que lograron paralizar el proyecto Tía María, que habría servido para generar puestos de trabajo, reducir pobreza y crear círculos virtuosos económicos en la región arequipeña.