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El terrible accidente ocurrido en un local de comida rápida perteneciente a la cadena McDonald’s, que provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores por descarga eléctrica, ha desatado comentarios de todo tipo. Desde este portal, lamentamos profundamente la desaparición de dos jóvenes en circunstancias que deberían estar desterradas totalmente. Es evidentemente responsabilidad de la empresa, pero también de los organismos estatales (desde el INDECI hasta las municipalidades) encargados de la supervisión de las medidas de seguridad en este tipo de locales.
En principio, los accidente por electrificación estarían descartados si en los inmuebles – sobre todo públicos, como es el local mencionado– se instalaran interruptores diferenciales o dispositivos diferenciales residuales (RCD). Los dispositivos electromecánicos RCD –cuya instalación está regulada en las normas de construcción vigentes– cortan al instante los circuitos eléctricos cuando se produce una diferencia de voltajes; aunque sea por tocar levemente un cable con carga eléctrica. Asimismo, los circuitos son cortados si un cable con carga eléctrica –sin ser tocado por una persona– “hace tierra”; es decir, entra en contacto con otra superficie metálica o fluido. La pregunta entonces es si ese local disponía de los dispositivos RCD, comúnmente llamados “salvavidas”, en sus circuitos eléctricos. Es de suponer que ese local cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes y, además, cumple con todo los protocolos estandarizados establecidos en todos los locales de la franquicia en el mundo.
Una de las principales inspecciones que realizan los técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en los locales públicos –antes de que se otorgue una licencia de funcionamiento o cada vez que corresponda– es en los circuitos eléctricos. Como corresponde, son severos con los locales de atención pública hasta más pequeños. ¿Qué pasó en ese McDonald’s? Por esto, en El Montonero, nos ocupamos del caso. Nos llama la atención que una empresa con miles de locales estandarizados alrededor del mundo –si fuera el caso- no se haya fijado en un pequeño “salvavidas” y sus correspondientes pruebas constantes (apretando un botón) para certificar su funcionamiento correcto.
El concepto fundamental sobre accidentes señala que estos no suceden, sino que son provocados. La negligencia y el desconocimiento son las causas de las desgracias personales y pérdidas materiales. La previsión, tan desconocida en el país, evita las grandes tragedias; pero la falta de previsión es disculpada como “un accidente”. La prevención en el país no existe, y en gran medida es responsabilidad del Estado. Un balde con agua en el suelo, una mesa soportando objetos de gran peso en su borde (allí donde existen niños) o una maceta colocada en la ventana o cornisa, son peligros mortales potenciales. Por eso, todos somos responsables de señalar y corregir los peligros inminentes.
Como era de esperar, los sectores antimercado, aprovechándose del accidente, atacan a las empresas como si en todas ellas hubiera potenciales peligros para las personas. En este contexto, una cosa es defender la libertad económica como el principio fundamental de la democracia y de todas las libertades, y otra son las negligencias individualizadas, por la falta de supervisión eficaz tanto de los responsables de los locales públicos como de las autoridades correspondientes. Y por qué no, también de los empleados y usuarios, quienes deberían advertir sobre cualquier anomalía.
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