La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En el sur de Ayacucho, el radicalismo marxista más ortodoxo ha amenazado a la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez y a toda la administración Castillo. En este caso parece cumplirse a pie juntillas el aserto popular acerca de sembrar vientos y cosechar tempestades.
Tal como lo venimos informando, el radicalismo comunista avanza en su objetivo de liquidar la minería moderna en las provincias del sur de Ayacucho, exactamente en Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. El jueves 13 pasado, en la movilización (“contra la minería en cabecera de cuenca”) organizada por la Comité de Lucha –que preside Che Bernaola– por las calles de la ciudad de Coracora, se anunció que otorgaban 90 días de plazo a las empresas mineras “para que se retiren definitivamente de las provincias del sur ayacuchano” (en referencia a Apumayo, Ares y Breapampa).
Pero he aquí lo singular de la situación. Se responsabilizó a Mirtha Vásquez de la radicalización del conflicto en los próximos días si en caso no se atendía las demandas. Además, se exigió a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público que cambiaran de representantes en menos de 10 días.
Conscientemente o no, la señora Vásquez, con su estrategia de empoderar a estas minorías radicales por encima de la Constitución y la ley, en la práctica, ha terminado creando un soviet que ahora exige llevar el radicalismo hasta el límite. Al respecto vale recordar que la señora Vásquez “legitimó” a los dirigentes radicales del sur de Ayacucho durante la pasada reunión del 19 de noviembre pasado, en la que se anunció el cierre unilateral de cuatro minas.
En realidad, las corrientes comunistas del sur de Ayacucho están amenazando a todo el sistema de Derecho en el Perú y pretenden crear un “poder del pueblo” al margen de la Constitución y la ley. Es la clásica estrategia del soviet leninista que posibilita que minorías radicalizadas, en nombre de una etérea idea de pueblo, tomen el control de una sociedad.
Como ya se ha investigado en diversos medios, los dirigentes actuales del Comité de Lucha se declaran admiradores de las corrientes maoístas más ortodoxas. Las demandas que plantean y la estrategia en contra de las inversiones mineras solo es la expresión de su estrategia de poder.
¿Qué decisión asumirá la administración Castillo frente a estas demandas intransigentes? La única alternativa que tiene el Ejecutivo es declarar la zona en emergencia.
Si la PCM Vásquez no responde en los próximos días es casi un hecho que tendremos un grave conflicto en la zona. Si a ello se suma que algunos alcaldes –como el de la provincia de Parinacochas, Walter Antayhua Cuadros–, apoyan y azuzan las protestas contras las empresas mineras, entonces la situación es muy grave.
El Gobierno de Castillo se encuentra ahora entre la espada y la pared. Si cede a las pretensiones de los antimineros y marxistas se pondrá fin a la minería moderna en el sur ayacuchano. Los juegos con el radicalismo, al final eliminan a sus promotores iniciales.
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