¡TENSIÓN EN LAS MINAS DEL SUR!

Radicalismo sigue organizándose en contra Corredor Minero

El 20 de enero pasado el gobierno nacional suspendió la declaratoria de emergencia en la provincia de Chumbivilcas. Pero vale recordar por qué se llegó a esa declaratoria: un grupo liderado por radicales que se oponen a la inversión minera en la provincia tomaron las instalaciones de dos proyectos mineros (Ares y Constancia) y atacaron las oficinas de la empresa local de aguas. El gobierno pepekausa entonces decidió declarar en emergencia la zona y suspendió las conversaciones en la Mesa de Diálogo integrada por autoridades locales, líderes y funcionarios y miembro del Ejecutivo.

Chumbivilcas continúa en medio de una tensa calma porque las autoridades locales exigen irreductiblemente la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos Constancia, Ares, Anabis y Las Bambas. Al respecto es necesario precisar que uno de los ejes de la estrategia antiminera es solicitar la revisión de los EIA, al margen de los cronogramas legales, con el objeto de paralizar la producción de las minas. Conga, por ejemplo, se bloqueó en base a esta estrategia. Se solicitó una revisión del EIA, se convocó un arbitraje de expertos internacionales, pero al radicalismo antiminero no le importaron los argumentos ambientales. Se trataba de parar Conga a como diera lugar.

Vale recordar que el pasado 9 de noviembre una turba asaltó las instalaciones de las empresas mineras. La plataforma de lucha contenía doce puntos, entre los cuales destacaba la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros Constancia, Las Bambas, Ares y Anabi. Otra de las exigencias de los líderes antimineros era la firma de un nuevo convenio marco entre las comunidades y las compañías, en el que debería establecerse un porcentaje de las utilidades. Como se aprecia, el radicalismo antiminero cabalga sobre el fracaso del Estado en proveer servicios (escuelas, postas médicas y carreteras), no obstante que cobra ingentes impuestos a las compañías mineras.

Algunos sectores locales ahora sostienen que la propuesta de revisión de EIA es irrenunciable. Gonzalo Tamayo, ministro de Energía, representantes de otros ministerios y funcionarios de la Oficina de Conflictividad Social se reunieron con autoridades locales y líderes comunales para restablecer la Mesa de Diálogo organizada en septiembre pasado. También estuvieron presentes representantes de las empresas Hudbay y MMG, concesionaria de Las Bambas. Durante la mesa de diálogo se estableció un cronograma de reuniones que empezará el próximo 3 de febrero y que continuarán los días 10 y 22 de febrero y el 1 de mayo.

Ante la falta de un Estado que imponga la ley, todo indica que la tensa calma puede transformarse en una ola radical promovida por el movimiento antiminero. Es bueno subrayar que, al parecer, el gobierno pepekausa ha desguarnecido el Corredor Minero del Sur Andino, que produce más del 40% del cobre nacional y concentra el 60% de la cartera de proyectos mineros del Perú (US$ 63,000 millones). En esta área —que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa— se emplazan los proyectos de Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Las Bambas (US$ 10,000 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones). Se calcula que la producción de estas minas representaría alrededor de US$ 810,000 toneladas anuales de cobre, que se exportarían a través del puerto de Matarani.

En Tambobamba (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco) hay varios personajes que tienen diversos intereses ideológicos, políticos o, simplemente personales, que son expertos en agudizar conflictos sociales mediante la demonización de las empresas. ¿Se puede entender que un peruano pretenda paralizar la producción de cobre del país? Al parecer algunos tratan de beneficiar a los grandes traders de cobre del mundo, quienes tienen un enorme stock acumulado y que ganarían millones con el bloqueo de las minas peruanas; o simplemente,se trata de radicales que pretenden paralizar la minería para ralentizar el crecimiento y propiciar un escenario favorable el estatismo en el 2021. El Corredor Minero del Sur —aquella zona que agrupa a Las Bambas, Antapaccay, Anabi y Constancia— está en peligro.

Es difícil predecir lo que ocurrirá en Chumbivilcas, porque las organizaciones sociales están exigiendo demandas inalcanzables y exageradas (entre ellas la presencia de siete ministros de forma constante, un bono minero, modificación el seguro agrario, y porcentaje de utilidades) para solucionar el conflicto. Sin embargo, tarde o temprano —si el gobierno no cambia la estrategia— se reiniciarán las protestas. A estar atentos, por favor.