Tensión en el Corredor Minero del Sur

No obstante de todas las desinformaciones que se difunden desde los medios y organizaciones no gubernamentales de izquierda, el paro que se desarrolla desde el 27 de julio pasado en un sector del denominado Corredor Minero del Sur, de manera concreta en la zona de Cruzpampa (distrito de Colquemarca, en Cusco) es responsabilidad absoluta del Estado y de ninguna manera de las empresas mineras.

Antes, vamos a aclarar que la zona de Colquemarca (que limita con los distritos apurimeños de Mara y Haquira) es vital porque por allí pasa el transporte de “encapsulados” de mineral que proviene de Las Bambas y Constancia, dos operaciones mineras vitales para las venas económicas del Perú. Ahora bien, dicha vía (corredor vial sur o corredor minero) otrora distrital, fue reclasificada y declarada –en el 2018– vía nacional (Resolución Ministerial 372). Y a través de los Decretos de Urgencia 026 y 027 se le responsabilizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la construcción de la carretera, pero además el pago a las comunidades de las propiedades por donde pasaría la nueva vía ya asfaltada.

Para ello, es decir para la construcción y asfaltado de todo el corredor minero, según la entonces alta comisionada Paola Bustamante, el gobierno tomó la decisión de aprobar los DU 026 y 027. Además precisó “que el pago de vía sí va”, y que “no se llegaría a la expropiación” sino que sería algo “consensuado”. No solo eso, a estas propuestas (promesas en realidad) se sumó la creación de un fondo social para el desarrollo de las comunidades.

Pues bien, todas las ofertas y compromisos del Estado solo quedaron en promesas. Hasta el momento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsable directo no ha cumplido con amortizar los pagos totales a las comunidades ni a los comuneros propietarios de los terrenos por donde pasaría la vía; y mucho menos ha cumplido con la creación de ese fondo social.

Es decir, el Estado es el directo responsable de que ahora las comunidades organicen paros y protestas. En ese sentido, el aprovechamiento político es absolutamente descarado, cuando las oenegés antimineras indican que “los responsables de las protestas son las empresas mineras”. ¡Qué tales mentiras!

¿Qué hará el presidente Castillo? Nadie lo sabe. El Estado es directo responsable de todo este embrollo y ahora Castillo representa al Estado y al gobierno. Con el objetivo de liquidar la minería, los radicalismo (incluidos los votantes de Castillo en estas zonas) exigen que se vuelva a reclasificar la vía, volver a la vía distrital. Si ello ocurre sería en la práctica la liquidación de la minería en el corredor y los paros y protestas serían cosa de todos los días.

Estaremos atentos a lo que suceda en estos días, cuando el gobierno de Castillo debe solucionar semejante problema. Veremos qué sucede.