¡Supuestas rondas e intervención de Dircote debilitan Policía Nacional!

La extraña intervención de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) por seis equipos de Inspectoría –cuando lo usual es dos como máximo–, luego de conocerse que el Ministerio Público había iniciado investigaciones a algunos líderes de Perú Libre, levanta sombras y cuestionamientos muy graves al Ejecutivo. 

Si el Gabinete que encabeza Guido Bellido ha sido cuestionado porque algunos de sus miembros tienen posiciones tolerantes con el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef, relacionado con Sendero Luminoso); si el Ejecutivo ha sido emplazado por reconocer –mediante un procedimiento express– a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate), un sindicato del ala magisterial radical y vinculado al Movadef, ¿acaso no se justifican las alarmas planteadas frente a la intervención de la Dircote?

En este contexto, el Congreso y el Ministerio Público, están obligados a intervenir para cautelar información sensible de las investigaciones en curso y proteger la identidad y la integridad de los agentes policiales en la lucha contra el terrorismo. Semejante intervención debe significar, igualmente, desarrollar el urgente control político sobre el Gabinete Bellido y el ministro del Interior, Juan Carrasco.

Pero no se trata de la única acción del Ejecutivo que pareciera apuntar a debilitar la PNP. En el Estado existen áreas grises en que la maquinaria comunista de la administración Castillo pretende extender la organización artificial de los “ronderos”. Por ejemplo, en el sector Agricultura, con recursos del Estado, se ha comenzado a nombrar supuestos ronderos para proteger los bosques de la Amazonía. Se mina adrede al papel de la PNP en la preservación de los bosques nacionales.

Por otro lado, hace algunos días aparecieron en el emporio comercial de Gamarra diez supuestos ronderos con uniforme propio y los conocidos chicotes. Minutos después, los empresarios y vendedores de Gamarra casi los linchan, y los supuestos ronderos debieron ser protegidos por la Policía Nacional. Si estas escenas se repiten en las ciudades es inevitable que se produzcan enfrentamientos entre los ciudadanos y los supuestos ronderos.

¿Qué significan semejantes hechos? Que la administración Castillo, sin lugar a dudas, insistirá con todas sus energías en su política de promover la organización de supuestas rondas –con los recursos del fisco– en todo el territorio nacional y allí donde la legislación establezca zonas grises. El objetivo: dotarse de una fuerza social de choque, a semejanza de todos los proyectos bolivarianos y comunistas que existen en la región.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe proceder a dictar una ley que establezca sanciones legales a los funcionarios públicos que utilicen los recursos del Estado para promover la formación de estas organizaciones paramilitares que debilitan a nuestra PNP. Cualquier zona gris o indefinición en la legislación que posibilite fomentar organizaciones paramilitares al Estado republicano debe ser descartada.

Como se sabe la Constitución, en su artículo 149, establece la posibilidad de que las comunidades campesinas organicen rondas para que ejerzan funciones jurisdiccionales y colaboren con la seguridad ciudadana dentro del respeto absoluto de la Constitución y de manera subordinada a las instituciones del Estado: PNP, Ministerio Público y Poder Judicial.

El Perú democrático y republicano no puede permitir que se utilicen los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas para organizar una fuerza paramilitar alternativa al Estado republicano. Cualquier recurso destinado a la seguridad ciudadana, hasta el último centavo, debe tener una prioridad impostergable: el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional.

En cualquier caso, los peruanos que defendemos la libertad no podemos permitir la destrucción de nuestra PNP –que se agravó durante la pasada administración Sagasti– y la construcción de un sistema de soviets alternativo al poder republicano consagrado en la Constitución Política.