¡Sunat estrangula a minería informal!

Aciertos y errores pepekausas en formalización minera

Es evidente que la nueva gestión de Cayetana Aljovín al frente del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las políticas de la Dirección General de Formalización Minera del sector apuntan a modificar las políticas antiformalización minera que desarrolló el pasado Gobierno nacionalista y que, de una u otra manera, todavía se mantienen en la actual administración. El diálogo y comunicación de la titular del Minem y la flexibilidad en los plazos que cerraban el proceso de formalización minera son parte de esa nueva actitud. Sin embargo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) continúan priorizando las sanciones y los embargos contra los más de 400,000 mineros informales del Perú, subordinando cualquier política estatal proformalización minera.

Se acaba de conocer, por ejemplo, que la Sunat, a través de la Intendencia de Principales Contribuyentes (IPC), ha decidido arrinconar a las más de 100 plantas de beneficio de minerales, formales e informales, que compran la producción de los mineros artesanales para el proceso correspondiente. Por ejemplo, la planta Laytaruma acaba de ser sometida a ocho fiscalizaciones simultáneas que podrían originar multas que terminarían quebrando a la mencionada pequeña empresa. Pero lo más grave de todo es que los funcionarios de la Sunat están desarrollando estas acciones de manera retroactiva, hasta octubre del 2014. Hasta esa fecha rigió la llamada liquidación de compra de la producción artesanal a través de las plantas de beneficio.

¿Por qué es tan grave la acción casi policial y antiformalización minera que desarrolla la Sunat? Si bien es cierto que la liquidación fue derogada por el pasado Gobierno nacionalista, este sistema establecía un puente entre los mineros artesanales y la formalidad: cuando las plantas de beneficio compraban la producción de los mineros artesanales descontaban el IGV y el correspondiente Impuesto a la Renta, que luego eran declarados a la autoridad tributaria. ¿Por qué se habla de un puente con la formalidad para el minero informal? Si el minero artesanal, generalmente, carece de RUC, el pago de IGV e Impuesto a la Renta era una manera de empezar el proceso de formalización.

Bueno, sucede que la Sunat —de manera retroactiva— no acepta que estas liquidaciones de compra se hayan realizado considerando el correspondiente Documento Nacional de Identidad (DNI) del pequeño productor, y ahora exige la “residencia habitual” de los mineros informales, como si estos fuesen formales. Un verdadero despropósito de la autoridad tributaria que, en su afán de recaudar a cualquier costo, termina liquidando cualquier medida proformalización que hubo en el pasado. Es más, “la residencia habitual” establecida en la Ley de Bancarización ni siquiera tiene una definición, por lo que el asunto queda sujeto a la discrecionalidad del fiscalizador. En otras palabras, el reino perfecto de la arbitrariedad y la corrupción.

Para entender la magnitud del problema, vale subrayar que las plantas formales e informales que existen en el Perú procesan 2,500 toneladas de mineral por día para extraer oro, en tanto que una gran empresa minera procesa más de 540,000 toneladas día. Las diferencias en volúmenes de producción, más allá de cualquier intención, revelan una política de estrangulamiento de la minería informal de parte de la autoridad tributaria.

En este portal no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez: si el Estado no asume una política integral de formalización minera y, por el contrario, se imponen las lógicas de la Sunat y la OEFA, tarde o temprano los miles de mineros informales del Perú terminarán bajo la influencia de las propuestas antisistema, no obstante que la naturaleza del minero artesanal es proempresa y promercado. ¿Cómo es posible que no se perciba que una política antiformalización, en la práctica, pone en peligro la democracia y la economía de mercado?