Solo se defienden los Derechos Humanos con Estado de derecho

Las imágenes en que cerca de doscientos vándalos masacran a los efectivos de la policía nacional del Perú (PNP) en el Parque Universitario, el 15 de octubre pasado, son instantáneas que han dado la vuelta al mundo. Los cerca de 90 policías heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, serán devueltos a sus familias hemipléjicos o inválidos. La lamentable muerte de un civil ocultó esta barbarie superlativa: en el Perú la policía nacional ha sido criminalizada y debe enfrentarse a delincuentes desarmada, provista únicamente con escudos y cascos que pueden ser reventados a ladrillazos.

¿Puede existir Estado de derecho en esta situación? Algo más, ¿puede existir una estrategia para combatir la criminalidad? De ninguna manera. Una de las más paradojas más hirientes de la violencia de los vándalos contra la PNP es que, supuestamente, ellos salieron a marchar en contra del descontrol de la ola criminal. Sin embargo, masacraban a los únicos que hacen frente a las bandas criminales.

¿Cuál era el objetivo de los más de 200 delincuentes que masacraron a los efectivos de la PNP? Crear desesperación en los efectivos, ponerlos al borde del abismo y buscar respuestas que causaran muertes. En la aterradora evaluación de algunos sectores que promovieron la marcha, las cuotas de sangre eran las únicas garantías para que el gobierno de José Jerí se derrumbara. Este plan, esta ideología, de naturaleza totalitaria, estremece porque pretende desatar una guerra civil entre los peruanos.

Ahora bien, ¿cómo así hemos llegado a esta situación? ¿Cómo así existe un Ejecutivo y un comando policial que no defienden frontalmente a la PNP? Las corrientes progresistas, comunistas y las izquierdas en todas sus variantes han desarrollado la teoría del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad; una desproporción que, según ellos, viola los Derechos Humanos fundamentales. Bajo este esquema ideológico se persiguió de por vida a los soldados que, en los años ochenta, nos salvaron del comunismo terrorista de Sendero Luminoso. Y se les sigue persiguiendo utilizando arbitrariamente el tipo penal de lesa humanidad. Igualmente, bajo estas teorías también se ha judicializado a alrededor de 200 policías y soldados que defendieron la Constitución y la ley ante la violencia insurreccional luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Ese día verdaderas milicias urbanas pretendieron quemar todos los aeropuertos del sur y bloquear las principales carreteras nacionales con el objeto de quebrar la economía y la moral nacional. El objetivo: convocar a una asamblea constituyente.

Una vez más se llega a la paradoja insalvable. Los efectivos de la PNP masacrados y que luego son judicializados por sectores del Ministerio Público politizados son la última línea de defensa del Estado de derecho, de lo contrario, hace mucho tiempo ya estaríamos en plena asamblea constituyente.

Y he aquí que la paradoja se complica mucho más. Desde el desarrollo de la modernidad, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el único sistema que ha defendido los DD.HH. es el sistema republicano; es decir, los Estados de derecho. ¿A alguien se le ocurre pensar que, en China, Corea del Norte y Venezuela se respetan los Derechos Humanos? No existe esa variable. Y precisamente quienes atacan a nuestra PNP y buscan cuotas de sangre pretenden derribar gobiernos y enrumbar a nuestras sociedades por el camino de las asambleas constituyentes –es decir, por los sistemas políticos que aplastan DD.HH.– tal como se intenta en el Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, por ejemplo.

Por todas estas consideraciones, si pretendemos vivir con Estado de derecho y gozar de libertades tenemos que cerrar filas en la defensa de nuestra policía nacional. Es el deber ineludible de todos los peruanos de buena voluntad.