Sin Velarde en el BCRP y con sobrerregulación laboral, ¡el modelo bajo ataque total!

¿Por qué extraña razón un Gobierno sacrificaría la continuidad de uno de los mejores banqueros del planeta? ¿Por qué la administración Castillo se negaría a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) luego de los resultados celebrados por tirios y troyanos durante su gestión? Allí está el impecable manejo de la inflación y de nuestras reservas internacionales. La respuesta parece ser solo una: de alguna manera las corrientes ideológicas colectivistas que predominan en el Ejecutivo no están a gusto con la independencia de la entidad monetaria y requieren de “otro manejo” para implementar su “programa a favor del pueblo”.

El posible relevo de Velarde al frente del BCRP coincidirá con la rebaja de Moody’s de la calificación crediticia del Perú, y seguramente de las demás calificadoras. Y coincidirá también con un fenómeno extremadamente grave: el frenazo total de nuevas inversiones. La recuperación económica en cerca de 10% del PBI en el 2021 –por el efecto rebote y el avance en el primer semestre– no debe confundirnos. En el 2022 el Perú tendrá un crecimiento vegetativo, o quizá empecemos con una recesión endémica por la falta de nueva inversión privada, el único elemento que permite un crecimiento sostenido.

El pasado milagro económico peruano, entonces, comienza a ser ahogado por el anuncio del Ejecutivo acerca de convocar a una constituyente, por la designación del Gabinete Bellido, el eventual relevo de Velarde del BCRP, el frenazo de nuevas inversiones y la pérdida de las calificaciones crediticias por las entidades internacionales.

Sin embargo, la tenaza en contra del modelo económico que triplicó el PBI, redujo pobreza del 60% de la población a solo 20% (antes de la pandemia) y convirtió a nuestra sociedad en una de ingreso medio, no solo proviene de la macroeconomía, sino también del Ministerio de Trabajo. Se acaba de anunciar ante el Congreso la llamada “Agenda 19”, que busca crear una economía de sindicatos y negociaciones por rama en el preciso momento en que la informalidad laboral se acerca al 90% de los trabajadores contratados.

En otras palabras, en el instante en que los costos laborales en el Perú hacen imposible que el 85% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan contratar formalmente, en el sector se anuncia el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y un proyecto de ley general de Trabajo que busca “crear derechos y beneficios sociales” que la abrumadora mayoría de pymes y el total de emprendedores que actúan en los mercados formales e informales no pueden pagar. En otras palabras, se anuncian derechos declarativos que solo aumentarán la informalidad y la pobreza.

Pero lo más grave de la llamada “Agenda 19” de Iber Maraví, ministro de Trabajo, es que la propuesta se formuló ante el Congreso sin haber consultado con los gremios del empresariado nacional. Es decir, se ignoró al sector que produce el 80% de los ingresos fiscales del país y provee más del 85% del empleo.

Pero eso no es todo. En el mensaje de Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros (PCM), para obtener la confianza ante el Congreso, se sostuvo que “según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, entre julio 2019 y junio 2020 la tasa de empleo informal ascendió a 74.3%. Esto quiere decir que 74 de cada 100 trabajadores laboran en situación de informalidad”. ¿Cómo se va a enfrentar la informalidad laboral aumentando los costos que deben pagar las pymes para contratar trabajadores? Locura.

Como se aprecia, luego de más de un mes de administración Castillo, después de que en el Congreso comenzara a surgir una oposición tolerante con el totalitarismo y el colectivismo y con el declive de la movilización ciudadana, el plan para desmontar el modelo económico avanza a paso firme.