Sin equilibrio de poderes y amenaza colectivista

La instauración de un gobierno de facto, que interrumpe el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución —por más que cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la mayoría de la población— siempre será una tragedia para las sociedades. Es lo que ha venido sucediendo desde que surgieron las repúblicas como una forma de gobierno en base a instituciones y controlando el poder. La administración Vizcarra, de una u otra manera, está en esa situación. La mayoría de juristas serios y de trayectoria ha señalado que la disolución del Congreso puede ser popular, pero carece de constitucionalidad y fractura el equilibrio de poderes que consagra la Carta Política de 1993.

Sin embargo, el curso de los hechos nos señala que la administración Vizcarra hoy detenta el poder, y que acaba de convocar a elecciones para el Congreso en el 2020. El deber de los republicanos es seguir denunciando la ruptura constitucional, pero también es fundamental aceptar la realidad y prepararse para detener el proyecto colectivista, comunista, que pretenderá convertir el Congreso surgido en esos comicios en una asamblea constituyente. Con una mayoría de dos tercios, la izquierda podría llevarnos por el camino venezolano. En otras palabras, es hora de que los sectores democráticos y republicanos se organicen y planeen sin reparos su participación en los próximos comicios. Una conducta diferente será un grave error.

La Carta Política de 1993 ha consagrado un régimen económico que establece el papel subsidiario del Estado en la economía, que sanciona el respeto irrestricto de la propiedad privada, que consagra la primacía de los contratos y que prohíbe abiertamente todos los controles que fomenta el colectivismo. Es sobre la base de este marco constitucional que la economía peruana logró triplicarse y reducir la pobreza del 60% de la población a 20%. El nivel de bienestar alcanzado —que se expresa en ciudades clasemedieras y en los malls— proviene de esa fuente constitucional.

En este terrible y extraño escenario, la izquierda, los comunismos y los colectivismos apuntan, pues, a derribar el modelo económico que ha generado el mejor momento económico y social de la historia. Si la mayoría de los peruanos comprendiera que los comunismos apuntan a este despropósito, todos los colectivismos serían desaparecidos políticamente. De allí la enorme tarea de los liberales, conservadores, republicanos y demócratas de buena voluntad: convertir el próximo Congreso del 2020 en un espacio de afirmación y consolidación del proyecto económico que empezó tres décadas atrás.

Siempre vale recordar que las sociedades abiertas modernas se fundan en dos pilares: uno, el sistema republicano en base al equilibrio de poderes y el control del poder político; y el otro, el capitalismo o la economía de mercado. Ambos pilares controlan el poder. Las instituciones republicanas evitan que se encumbre un caudillo sobre la república; y el capitalismo impide que el Estado se convierta en el propietario de todos los bienes y, por lo tanto, empodere a un rey, a un partido, o a una oligarquía, en la distribución de los recursos de la sociedad.

Los colectivismos apuntan entonces no solo a concentrar el poder sobre las instituciones republicanas, sino a centralizar la economía para perpetuarse en el poder. Más allá de la particular experiencia de China, todos los proyectos plebiscitarios que se han perpetuado en el tiempo han centralizado el poder político y económico.

Por todas estas consideraciones es fundamental detener y derrotar a las intenciones comunistas de convertir al Congreso a elegirse en enero de 2020 en una constituyente que modifique el régimen económico de la Constitución, resucite el Estado empresario y la primacía estatal sobre el sector privado. Ese modelo velasquista que hundió en una noche larga de pobreza al país y que hoy explica la tragedia venezolana.