La censura del ministro de Energía y Minas, Rómu...
Desde aquí hemos informado y revelado en sendas ocasiones las narrativas, llenas de imprecisiones y mentiras, que la izquierda antiminera ha desarrollado y difundido contra la minería en el Corredor Minero del Sur. En ese sentido, la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, en los últimos días ha iniciado una intensa campaña señalando que la minería moderna en Espinar causa contaminación. Semejantes informaciones ya han sido desmentidas incluso por el propio Estado y diversos estudios. Sin embargo, se insiste con ese tipo de campaña.
Por ejemplo, en una reciente información de la mencionada oenegé se señala que “13 comunidades que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto minero Antapaccay –Expansión Tintaya– Integración Coroccohuayco de Glencore viven desde hace casi 40 años las secuelas de la contaminación producto de la explotación minera”. No solo eso, también se indica que “(la contaminación) se ha intensificado desde hace 10 años durante las exploraciones mineras en sus territorios”.
No se puede negar que en las señaladas 13 comunidades se ha desarrollado la falsa percepción de que la minería moderna contamina el agua y el medio ambiente. En muchas ocasiones las demandas de las comunidades en contra de las ineficiencias del Estado, adrede, son dirigidas en contra de las empresas modernas y se revisten de demandas ambientales. El motivo: los reclamos no se pueden presentar directamente porque sería aceptar que las empresas mineras cumplen las funciones del Estado, así que todo se envuelve bajo el ropaje de tema ambiental.
En ese contexto, en las 13 comunidades se cree que la supuesta contaminación proviene de la ampliación Tintaya, denominada Coroccohuayco, en etapa de exploración. Sin embargo, el informe de la denominada “Comisión multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en las comunidades originarias de Espinar en el Cusco” ha sido concluyente: no existe contaminación minera ocasionada por la minería moderna en la zona.
En esta Comisión participaron el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), OEFA, el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Provincial de Espinar y representantes de todas las comunidades involucradas. Incluso luego de conocerse el informe de la Comisión se desarrolló un monitoreo participativo (entre los días 24 y 30 de marzo), en el que también participaron representantes de todas las instituciones involucradas, para evaluar las conclusiones del informe.
No obstante, la oenegé Derechos Humanos continúa desinformando. Señala en su publicación, por ejemplo, que las comunidades de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané y otras nueve más, “tendrían un impacto acumulativo, desde fases de exploración (de Coroccohuayco) hasta la explotación minera, generado en sus territorios, y que hasta el momento no tienen alguna respuesta para poder reparar todos los daños”. ¿A qué “daños” o impactos negativos se refieren? En todo caso, no lo precisan.
Asimismo, se señala que “las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata expresaron el malestar por la contaminación en sus aguas, en sus suelos, así como la afectación por metales pesados en los habitantes de la zona”. Según una de las conclusiones del informe, los ríos Huancani y Cañipia, y las comunidades de Huini y Pacopata, registran una alta concentración de contaminación por aguas residuales de origen doméstico y no por la minería moderna. Es más, en el informe de la Comisión se deja claro que los componentes mineros (relave, operaciones) no influyen en la contaminación de los ríos locales.
Como se aprecia, se sigue desinformando para buscar conflictos artificiales entre las comunidades y las empresas mineras, pese a existir un informe de una comisión multi institucional, y con amplia participación de las comunidades, que refuta concluyentemente todas esas mentiras.
COMENTARIOS