Si continúa la estrategia rentista en Las Bambas, ¡fin de la minería moderna!

La crisis de la minería moderna en el Corredor Minero del Sur comienza a convertirse en una tragedia de capítulos interminables. El radicalismo antiminero ha evolucionado a una simple estrategia rentista en la que ciertas minorías de las comunidades y de los sectores privados –como equipos de abogados– buscan extorsionar y presionar a las empresas mineras con el fin de conseguir réditos económicos. En vez de trabajar y producir, el rentismo utiliza la violencia y hace trizas de la Constitución y las leyes para conseguir ventajas económicas.

Esta estrategia se ha focalizado en MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, y en la región de Apurímac, que tiene una cartera de inversiones mineras de más de US$ 10,000 millones. Vale señalar que las regiones de Cusco, Apurímac y Puno cuentan con 14 proyectos mineros que representa el 26% del total de la cartera nacional, que sobrepasa los US$ 53,000 millones. 

Si consideramos que los proyectos apurimeños de Los Chancas y Azuca también han sufrido los embates del radicalismo antiminero, ¿por qué la estrategia violentista y rentista se focaliza en Las Bambas y en Apurímac? Todo indica que, así como el radicalismo antiminero se focalizó en Cajamarca –con una cartera de más de US$ 17,000 millones– y logró paralizar la mayoría de proyectos, igualmente hoy las cosas se concentran en Apurímac.

MMG-Las Bambas ha acumulado más de 500 días de paralizaciones por el desarrollo de la violencia de estas minorías –la última acción violentista sobrepasó los 50 días– y su producción anual ha descendido a la mitad (de un total proyectado de 400,000 toneladas métricas de cobre). Vale precisar que en el descenso en la producción también tiene que ver la demora en la implementación del nuevo tajo de Chalcobamba.

La estrategia rentista consiste en hacer demandas al margen de la Constitución y las leyes. Por ejemplo, se exigen contratos de Las Bambas para empresas comunales dirigidas por los violentistas, se demandan contratos de empleos obligatorios para los activistas de las comunidades del área de influencia y, en otras zonas –a más de 100 kilómetros de la operación, en otra región (en este caso Cusco)–, se exige pertenecer a la zona de influencia directa de la mina.

Se entenderá que estas demandas pretenden convertir a Las Bambas en una especie de Estado en la región del sur, para que atienda todas las estrategias rentistas de las minorías, que también incluye a estudios de abogados y emprendedores legales. ¿Cómo una empresa que ha invertido US$ 10,000 millones, que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI de Apurímac puede sobrevivir a estas estrategias rentistas de destrucción? El Ejecutivo renuncia a ejercer a la autoridad, desmoviliza a la Policía Nacional y las entidades del sistema de justicia no ejercen sus funciones frente a los violentistas que crean una especie de zona liberada de la Constitución.

Las cosas son tan graves que el embajador de China en el Perú, Liang Yu, se ha pronunciado abiertamente en contra de la pretensión de un sector de comuneros para volver a negociar el valor de las tierras que se vendieron a MMG-Las Bambas (antes de que se concretara el gran proyecto de cobre). El embajador de China ha señalado que se necesita una investigación para conocer en dónde están los más de S/ 2,500 millones pagados a los comuneros por el valor de sus tierras. Semejante denuncia diplomática se puede convertir en uno de los casos más emblemáticos de las malas prácticas del rentismo antiminero: ¿solo se entregaron 500 millones a los comuneros?

En Las Bambas cualquier problema social es responsabilidad del Estado, que nada en recursos con los aportes de la minería. Sin embargo, si triunfa esta estrategia rentista –en la que se combinan la ideología antiminera, el rentismo, la extorsión, la corrupción y la delincuencia–, entonces la minería moderna se habrá acabado en el Perú.