Se quiebra autoridad del Estado y se desata violencia contra privados

En el Perú no se necesita de una asamblea constituyente para quebrar la autoridad del Estado que consagra la Constitución, las leyes, los convenios internacionales y los contratos. Las minorías radicalizadas e ideologizadas en contra del sistema de libertades políticas y económicas pretenden representar aspiraciones locales ejerciendo violencia.

A nuestro entender aquí no está en discusión la legitimidad o justicia de determinadas aspiraciones como pretende plantear la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. En ello siempre se ha basado la estrategia de las corrientes comunistas o colectivistas: discutir si las demandas de quienes bloquean carreteras, atacan la propiedad privada o impiden el trabajo y el libre tránsito de los demás,son justas o no.

Una cosa es discutir la justicia de algo y otra diferente es atacar al otro, violentar todos sus derechos, desde la propiedad hasta la vida, ejerciendo violencia.

A nuestro entender lo que está en discusión es si las minorías radicales y organizadas pueden imponer sus voluntades ideologizadas a las grandes mayorías de una región, provincia o de un país. Si las minorías violentistas pueden hacer algo así, entonces no hay Estado. Y la sociedad está dominada por la lógica del Far West, por la lógica de la ley de la selva.

En el Perú el ataque y el incendio de la mina Apumayo, en Ayacucho, y el bloqueo de las actividades de Antamina, en Ancash, solo confirman lo que se ha convertido una práctica cotidiana en el corredor vial del sur: la dictadura de minorías radicalizadas que detienen al Estado y a la sociedad ejerciendo violencia. A esta situación hay que agregar el ataque y el incendio del proyecto agrario Cañabrava, en Piura, y las amenazas de ciertas minorías de incendiar la Estación 5 del Oleoducto en la selva.

¿Qué significan todas estos sucesos? ¿Acaso que el radicalismo comunista ha lanzado una ofensiva en contra de las empresas para detener la economía de mercado, las inversiones y la reducción de pobreza? ¿Acaso luego de las minas se atacarán a las agroexportadoras? ¿Acaso se alentarán tomas de empresas y tierras en las ciudades y en el agro?

¿Alarmismos y sobrerreacciones de derechistas desaforados? De ninguna manera. La estrategia de las corrientes comunistas ortodoxas, que combinan la participación electoral con las estrategias de poder popular (leninistas), son absolutamente coherentes con estrategias insurreccionales de minorías que avanzan frente al desconcierto, parálisis y silencio de las mayorías.

En cualquier caso, la parálisis del Ejecutivo alienta especulaciones de todo tipo. Hoy, como ya lo hemos sostenido, cerca del 65% de la producción de cobre nacional está paralizada por el desarrollo de la violencia de las minorías. Semejante situación se ha agravado desde la llegada de Pedro Castillo al poder. 

La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál es el papel de las instituciones encargadas de defender la ley y el orden? Al parecer entidades como la Policía Nacional del Perú y el sistema de justicia en general, de una u otra manera, están paralizados o neutralizados por los relatos colectivistas acerca de “la justicia de las demandas”, sin considerar cómo la Constitución y las leyes vuelan por los aires.

Todos estos hechos nos revelan que no es necesario instalar una asamblea constituyente para que minorías radicalizadas quiebren la autoridad del Estado democrático y se apoderen de la sociedad.